PUEBLA, MÉXICO.- Negligencia, omisiones, obstaculización, injusticia, impunidad, entre otras formas de violencia institucional en casos de feminicidio en Puebla, acusaron madres y familiares de víctimas de violencia de género en un mitin frente al Congreso del Estado.
Con pancartas, cruces, fotografías y apoyadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), pidieron a las autoridades justicia por la muerte de mujeres en el país, además de mostrar su apoyo a las feministas que mantienen tomado el edificio del Poder Legislativo.
Expusieron casos de feminicidio como el de Zyanya Figueroa, encontrada muerta en su apartamento en mayo de 2018; Diana Celina, desaparecida y encontrada muerta en diciembre del 2019; y Gabriela Sánchez, víctima de trata de personas y abusada en diversos aspectos por su pareja sentimental, quien fue encontrada muerta en mayo de 2019 y caso señalado como suicidio. Todos estos, casos donde se han encontrado omisiones y negligencias durante la investigación.
Asimismo denunciaron el alarmante aumento de la violencia feminicida en Puebla, al colocarse dentro de los 10 estados con mayores cifras de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, según las última cifras aportadas por la Comisión Nacional de Víctimas.
LAS CIFRAS
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), actualmente 10.4 mujeres son asesinadas al día, mientras que de enero a septiembre de 2020, 2 mil 874 mujeres fueron asesinadas, sin embargo tan sólo 724 casos están siendo investigados como feminicidio.
Además, de 2015 a 2018 se registraron 486 feminicidios en Puebla, pero en ese mismo periodo solamente se han dictaminado 35 sentencias, de las cuales apenas 5 están ejecutoriadas.
LAS PETICIONES
Entre las exigencias, solicitaron una mesa técnica con peritos, miembros del Ministerio Público, la Asesoría Jurídica, así como integrantes del OCNF para revisar las investigaciones, protocolos, medidas, lineamientos y reglas de actuación de las fiscalías y ministerios públicos en los casos de feminicidio y muertes violentas de mujeres en Puebla; además de verificar que se cumpla con las medidas de la Alerta de Violencia de Género.
También solicitaron al gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, tomar cartas en el asunto y que desde el Congreso del Estado se llame al fiscal general y a la fiscal de género para que rinda cuentas sobre los procesos de investigación de muertes violentas de mujeres, de feminicidios, homicidios dolosos, y de todas las formas de violencias contra las mujeres que existen en la entidad.
Con el grito “No fue suicidio, fue feminicidio” como lema, solicitaron que se dé un verdadero acceso a la justicia y se generen nuevas diligencias y acciones para revertir los supuestos casos de suicidio y se investiguen como feminicidio.
Esto, pues dijeron que la obstaculización y negligencias son producto de un estado fallido donde ser mujer representa en peligro, pues la violencia feminicida no es un problema de seguridad local o nacional, sino un problema estructural mundial.
