PUEBLA, MÉXICO.- Como un órgano dedicado a la defensa y promoción de una vida digna en Puebla y México, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla realizó un análisis de la operación de las instituciones públicas dedicadas a la protección y garantía de las garantías fundamentales en la entidad.
En este trabajo se explora la actividad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, donde en los últimos años ha habido un incremento en el número de quejas presentadas por presuntas violaciones a derechos humanos en el estado, mismas que llegaron a 4,552 al cierre del primer semestre de 2023.
Los ayuntamientos fueron las autoridades más señaladas. Además, las acciones de capacitación y difusión se han desarrollado principalmente en la capital, lo cual deja ver una falta de planeación y focalización adecuadas de estas labores.
Respuesta del Estado al fenómeno migratorio debe ser siempre acorde con los derechos humanos
Por otro lado, en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el IDHIE denunció el uso inadecuado del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, ya que carece de reglas de operación. Esto significa que hay 14 millones de pesos desaprovechados.
En el informe se mencionó que, si bien este año se dio el cambio de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, este organismo necesita fortalecer la relación con las familias de personas desaparecidas e integrarlas en las labores de búsqueda, así como resolver la mala gestión de recursos federales que recibe la institución.
