PUEBLA, MÉXICO.- El estado de Puebla es uno de los más rezagados a nivel nacional en materia de prevención de la tortura, reportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esto, pues en la entidad se tiene un retraso importante en la armonización del marco legal local con disposiciones internacionales en la materia, contenidas específicamente en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En la plataforma de armonización legislativa de la CNDH, se indica que, con corte a septiembre de 2018, Puebla sólo cumplía con el 34.29 por ciento de estos criterios, empatando con Guanajuato en la tercera posición con el menor avance en estas reformas, superados sólo por Yucatán y Baja California.
En general, no es muy alentador el panorama en el país, pues el promedio nacional es de 43.54 por ciento, es decir el marco jurídico nacional en materia de prevención de la tortura y tratos crueles es muy débil.
SIN TIPIFICACIÓN
En el caso concreto de Puebla, destaca que se carece de una tipificación el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y no se tiene una fiscalía especializada para la investigación de este delito o un registro estatal del mismo.
Además, dentro del marco jurídico, no se cuentan con medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual como un acto de tortura, o que prohíba en general “otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura”.
También se señala que Puebla no cuenta con una legislación que regule el uso de la fuerza apegado a principios internacionales, o que proteja los derechos de mujeres y personas con discapacidad física y mental que estén recluidos en prisión o en alguna institución psiquiátrica
En el resto de los puntos analizados, Puebla alcanzó el 60 por ciento de los criterios necesarios, destacando cuestiones como la eliminación del arraigo, la prevención de la tortura en estaciones migratorias, y la protección a los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Un punto que llama la atención es que, de acuerdo con lo que se refleja en el reporte de la CNDH, también se carece de un sistema consolidado para la investigación y sanción de la tortura.
Esto pues en todos los rubros que tienen que ver con el seguimiento de estos casos, que van desde el derecho de las personas de presentar quejas por presuntos actos de tortura, que se investigue de oficio “toda alegación de tortura y excluir pruebas obtenidas con torturas o violaciones a los derechos humanos”, la protección del denunciante y sus familiares, la suspensión administrativa inmediata de cualquier funcionario que sea investigado por este tipo de hechos, y el derecho de las víctimas a la reparación del daño, se tiene un avance de sólo el 60 por ciento.
“Se trata de un primer paso que requiere su continuación para lograr la efectiva observancia de esos derechos”, se señala de manera puntual en el reporte de la CNDH.
