PUEBLA, MÉXICO.- Si no fuera porque su instinto la alertó de voltear a la izquierda, el balín de un rifle que lanzó contra ella en plena calle unos sujetos en un auto, mientras esperaba la luz verde, Janeth hubiera sufrido heridas que habrían puesto en riesgo su integridad sólo por la intolerancia de la sociedad a la comunidad LGBTTTIQ+.
“De pronto, como si algo me hubiera dicho ‘voltea, voltea’, veo unos chavos que iban en un auto, sacaron un rifle y me dispararon balines. Imagínate, me dio mucho miedo porque pensé que era de balas y obviamente cuando sentí los balines los esquivé y me agaché. Ellos riéndose aceleraron y me dio mucho coraje e impotencia porque no pude hacer nada”.
Pareciera aislado, pero este hecho evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestas las personas transgénero ante la violencia, discriminación e intolerancia de una sociedad que históricamente ha insultado, agredido y violentado los derechos de esta comunidad.
Y es que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Discriminación (2017), Puebla es el primer estado donde la población declaró haber sido discriminada, entre otros motivos por el tono de piel, clase social, sexo y orientación sexual.
Aunque desde niña Janeth se reconoció en el género femenino, su transición desde entonces fue complicada por los señalamientos de la sociedad; no obstante, ella ha ofrecido tolerancia e información desde su posición como activista por los derechos de la comunidad gay, pues considera que de este modo se podrá tener respeto entre personas más allá del género.
“Ha sido muy difícil la transición, pero con el respeto que he ofrecido a la sociedad he recibido lo mismo. Camino por las calles fomentando el respeto y los buenos hábitos; la gente se da cuenta que no somos malas personas y que sabemos respetar. Es lo mismo que pedimos hacia nosotras”, comentó la defensora de los derechos de las personas trans.
LAS DESIGUALDADES
Como lo explicó a LEVIATÁN Brahim Zamora Salazar, coordinador de Desarrollo Institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), entre las desigualdades a las que se enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+ están la alta deserción escolar, situaciones de pobreza y la marginación a espacios laborales precarios como el trabajo sexual o la peluquería, donde hay mucho riesgo en torno a la salud y la seguridad.
Zamora Salazar estimó que el promedio de vida en Latinoamérica de las mujeres trans es de 37 años, el mismo promedio de vida que se tenía para la población en general a principios del siglo XX en el país, cuando México todavía destacaba como país rural, estaba inmerso en la pobreza, enfrentaba enfermedades transmisibles y estaba al borde de la guerra.
Sin embargo, las causas de muerte de esta comunidad en estos días son la violencia, el no tener acceso a tratamientos hormonales adecuados, tratamientos médicos integrales y en general por estar excluida de la vida social y los derechos humanos.
Es por ello que la comunidad trans y colectivos feministas urgieron a diputados locales a legislar sobre la Ley Agnes o de identidad de género en Puebla, la cual fue avalada el pasado viernes por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, y espera a ser discutida y aprobada en el pleno del Poder Legislativo en los próximos días.
La ley sexogenérica reconoce el derecho de las personas de acceder al cambio de identidad de género autopercibida, con lo que se protegen las garantías individuales y la libre determinación de las personas.
UN PRIMER PASO
Tuss Demián Fernández Hernández, quien se enfrentó a la burocracia poblana tras el cambio de género y nombre ante el Registro Civil del Distrito Federal en 2014, dijo que la aprobación de la ley en comisiones es un primer paso después de ocho años de esta lucha que inició desde la sociedad civil gracias a la activista Agnes Torres.
El defensor de los derechos de la población LGBT explicó a LEVIATÁN que hace falta mucha educación, sensibilidad y espíritu humanitario para exigir comprensión de los grupos trans: “si estas mismas poblaciones no están incluidas dentro de la vida cotidiana y digna de un país, es difícil que permitan incluir a otros grupos”, indicó.
Tuss dijo que es necesario que todas las personas puedan integrarse a la sociedad de una manera natural sin tener que pasar por el estigma de la discriminación; asimismo, recalcó la necesidad de la Ley Agnes porque el “simple” hecho de poder tener documentos que garanticen consolidar proyectos de vida, permitan el acceso a los derechos electorales y principalmente permitan tener una identidad.
De acuerdo con Zamora Salazar, la aprobación de la ley permitiría tener acceso a servicios más adecuados de salud o educación, porque existiría un reconocimiento jurídico que ayudaría a construir un reconocimiento social de la comunidad transgénero.
Si bien dijo que en anteriores ocasiones la legislatura ha violentado los procesos, confío en que en la sesión del Pleno de próximos días, la discusión sea exhaustiva para que las observaciones sobre la reforma se puedan votar adecuadamente y eventualmente la ley se garantice; aunque en dado caso quedaría pendiente el tema de la impunidad de los crímenes de odio al sector Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBTTTIQ+).
El miembro de la Odesyr señaló que hace falta voluntad política para que tanto poderes Ejecutivo y Legislativo incidan en la conformación de un comité estatal contra la discriminación, el cual debería garantizar la generación de políticas públicas para la correcta aplicación de la ley contra la discriminación.
“El llamado sería a que las y los diputados pongan al centro lo que debía haber estado desde el principio: los derechos de la población trans”.
