La oposición al cambio en las políticas de ciencia y tecnología y su regulación no vino simplemente de la derecha y los grupos beneficiados por el estilo neoliberal de conducir el sector. La “mafia de la ciencia” no estaba sola. Desde dentro de la Cuarta Transformación también ha habido pronunciamientos contrarios a iniciativas como la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), impulsada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada por ambas Cámaras del Congreso y validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país mermó los planes de quienes tenían la esperanza de que la Ley de AMLO fuese invalidada para entonces lanzar su propia iniciativa. Las declaraciones recogidas y publicadas recientemente por el periodista Fernando Fuentes en su columna de Milenio dan cuenta del “fuego amigo” .
“Se abarató el conocimiento científico”, “en este ley se dejó mucha intervención del Estado mexicano” y “este conocimiento va a estar sobre ideologizado”, son frases que circulan por la red y hacen eco de las críticas superficiales de la derecha en contra de la recuperación de la rectoría del Estado sobre el sector, como si en la Ley General se prohibieran o impusieran líneas y metodologías de investigación; como si en dicha legislación se violentaran las libertades de investigación y de cátedra o incluso la autonomía universitaria. Es evidente que lo único que se ha abaratado es el pensamiento de los académicos e intelectuales que exponen y replican tales falacias y sinsentidos.
Los críticos internos de la 4T defienden la inclusión, por ello se duelen de que instituciones como la UNAM o el COLMEX “quedaron fuera de la Ley de Ciencia y Tecnología”, y todo por “darle cabida a otras instituciones que nada tiene que ver con la producción del conocimiento”. Se refieren a que asociaciones civiles de Derecho privado como el famoso Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., o la REDNACECYT, que por años usurparon el espacio de consulta, representación y participación de la comunidad y los gobiernos locales, manejando recursos públicos y tomando decisiones sobre nombramientos y políticas públicas, dejaron de tener cabida en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación con la expedición de la primera Ley General en la materia en 2023. También tienen en mente la democratización que se promovió en el sector, antes capturado por grupos de poder y camarillas dedicados a la diplomacia científica, la alta sociedad y la buena vida con financiamiento público.
Pero lo más destacado es la distinción entre instituciones con legitimidad para participar en la producción del conocimiento e instituciones carentes de la misma; una muestra clara de sobre ideologización y sesgos tecno y epistemocráticos respecto del papel de las organizaciones sociales, comunidades campesinas o indígenas y ciudadanos de a pie en la producción del conocimiento, que evidencia un desconocimiento absoluto de las dinámicas reales y los esfuerzos universitarios a favor de las prácticas no sólo multi, inter y transdisciplinarias sino de vinculación y participación sociales en la generación del conocimiento. Sobre todo evidencia que el “fuego amigo” no sabe ni entiende qué es el derecho humano a la ciencia.
En sus declaraciones, los críticos internos de la 4T aprovechan para pronunciarse sobre la situación de los profesores de asignatura y evidenciar que la Ley en cuestión “no les garantiza absolutamente nada”. Habría que avisarles que la Ley General en Materia de HCTI, cuyo nombre completo muchas veces se ignora, no es el ordenamiento que regula y menos que puede resolver el problema laboral subsistente en las universidades públicas del país, para ello habría que revisar la legislación de trabajo y educación superior, pero sobre todo habría que impulsar una reforma estructural enfocada en el presupuesto y las plazas. También sería bueno que estos académicos e intelectuales se enteraran de que una disposición legal no cambia la realidad, es algo que hasta los abogados saben. La precariedad denunciada no es inducida por la Ley criticada, que precisamente fue construida desde un horizonte histórico y epistemológico posneoliberal con el fin de ponerle un alto al capitalismo académico, la corrupción y las prácticas enajenantes del sector. Sería bueno que los desinformados leyeran al menos los artículos 2, 5 y 11 del ordenamiento.
Con gran tino, el “fuego amigo” afirma que en la Ley General no hay un eje articulador de las instituciones y esfuerzos del sector. Nada más cierto que ello, pues la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación prevé en su artículo 14 al menos cinco ejes programáticos y de articulación de las políticas públicas: (i) fortalecimiento y consolidación de la comunidad; (ii) impulso a la ciencia básica y de frontera en todas las áreas y campos del conocimiento; (iii) prevención, atención y solución de problemáticas nacionales sobre la base de agendas temáticas; (iv) desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e impulso a la innovación abierta; (v) acceso universal al conocimiento humanístico y científico, así como a sus beneficios sociales. Lo que pasa es que si uno no lee la Ley pues no se entera y corre el riesgo de hacer afirmaciones sin sustento. Pero hablar de la Ley sin haberla leído es un arte compartido: ya directivos de la UNAM, académicos de derecha y miembros de organizaciones contrarias al derecho humano a la ciencia, que se opusieron incluso a que la comunidad participara en la construcción del ordenamiento, dejaron claro en su momento que para criticar la Ley desde sus prejuicios y múltiples lugares comunes no hacía falta leerla; modos por supuesto completamente impropios en el ámbito universitario.
Más allá de que uno u otro personaje tache de demagógica a la “Ley de Ciencia” de López Obrador, resulta perturbador enterarse de que el plan siempre fue que la Suprema Corte expulsara la Ley General en Materia de HCTI del orden jurídico mexicano para tener el camino libre a fin de recuperar los contenidos de la vieja Ley de Ciencia y Tecnología del panismo, paradigma del modelo neoliberal por su lógica de mercantilización de la ciencia y transferencia de recursos públicos a manos privadas vía fideicomisos, claro, ahora bajo una retórica oportunista acorde con los nuevos tiempos.
