Lo que está ocurriendo con Gabriela Sánchez, mejor conocida como La Bonita, en Puebla es inaceptable no por las críticas que pueda recibir cualquier aspirante a un cargo público, sino por el tipo de cuestionamientos que evidencian la violencia de género en la política y la resistencia de las élites a aceptar que las mujeres jóvenes también tienen derecho a disputar espacios de poder.
Para ciertos sectores parece resultar más aceptable un político millonario, con cuestionamientos sobre su trayectoria o su patrimonio, que una mujer joven que proviene de una condición social popular y ha construido su carrera desde otros ámbitos.
No es la primera vez que ocurre en Puebla.
En 2018, cuando Claudia Rivera Vivanco llegó a la presidencia municipal, también fue objeto de un linchamiento público que, en muchas ocasiones, poco tenía que ver con la evaluación de su desempeño, ya que se cuestionaba su forma de vestir, sus tenis, su apariencia y hasta su manera de recorrer la ciudad.
¿Alguna vez han caminado por las calles del Centro Histórico de Puebla con tacones? Quienes lo han hecho saben lo complicado que puede resultar transitar por calles con superficies irregulares. Rivera utilizaba tenis para recorrer colonias, visitar juntas auxiliares y acercarse a la gente; sin embargo, aquello que podía entenderse como una decisión práctica de trabajo terminó convertido en motivo de escarnio.
El problema nunca fue solamente la vestimenta, sino también lo que representaba una mujer joven, sin un apellido de abolengo político, ocupando un espacio de poder que históricamente ha estado reservado para otros perfiles.
Hoy, con Gabriela Sánchez, parece repetirse una parte de esa historia. Ahora resulta que es un problema que sea boxeadora. ¡Vaya contradicción!
Tener una trayectoria deportiva, practicar boxeo o dedicarse a cualquier disciplina de alto rendimiento debería ser motivo de reconocimiento, no de descalificación. El deporte exige disciplina, perseverancia, preparación, fortaleza física y capacidad para enfrentar la adversidad, cualidades que, por cierto, no sobran en la administración pública, donde las jornadas suelen ser absorbentes y la responsabilidad de gobernar exige también condiciones físicas y emocionales para sostener el trabajo. Pero, al parecer, cuando se trata de una mujer, cualquier característica puede convertirse en un argumento para cuestionar su capacidad.
Y entonces aparece el reproche de la “experiencia”.
¿Ya revisaron con el mismo rigor la formación académica, la preparación y la trayectoria de Pepe Chedraui? ¿Se han preguntado por qué a determinados perfiles masculinos se les concede de entrada la legitimidad para participar en política, mientras que a una mujer se le exige demostrar, una y otra vez, que merece estar ahí?
Gabriela Sánchez es licenciada en Diseño Gráfico y actualmente estudia una maestría en Administración Pública. Esa información existe, pero parece insuficiente para quienes consideran que su pasado deportivo tendría que ser una razón para mantenerse alejada de la política. A ella sí le dicen que mejor se dedique al boxeo, que se quede en su ámbito, que no tiene la preparación necesaria. Y detrás de esos cuestionamientos también aparece una descalificación de origen, la de venir de una condición social popular, como la de muchísimas personas que, a diferencia de las élites económicas, no heredaron posiciones ni privilegios.
No se trata de cuestionar que una persona tenga dinero, sino de advertir la indulgencia con la que se trata a determinados perfiles y la severidad con la que se juzga a otros. Al hombre con recursos económicos y relaciones de poder se le concede el beneficio de la duda; a la mujer joven se le exige acreditar hasta el último aspecto de su vida.
Ese doble estándar tiene nombre y apellido: desigualdad de género.
No estoy aquí para defender a Gabriela Sánchez, pues es una mujer que, como cualquier otra persona que aspire a gobernar, tendrá que responder por sus decisiones, propuestas, capacidades y resultados. La crítica política es necesaria y nadie debe quedar exento de ella.
Lo que sí me interesa discutir es por qué seguimos normalizando que la participación de las mujeres en la política esté condicionada por estereotipos, exigencias diferenciadas y prejuicios que difícilmente se aplican con la misma intensidad a los hombres.
Pensemos, incluso, en nuestros propios hijos. Si alguno nos dijera que quiere dedicarse a la política, ¿qué le enseñaríamos? ¿Que acumule dinero, consiga un apellido reconocido y aprenda a moverse entre las élites? ¿O que se prepare, actúe con honestidad, defienda sus principios, conozca los problemas de la gente y tenga la capacidad de enfrentar las batallas que implica el servicio público?
¿Por qué no exigir eso mismo para todas y todos, sin importar su género, edad, origen social o profesión?
La política necesita renovación, pero no solamente de nombres o de rostros. Necesita una transformación de sus prácticas, de sus valores y de las formas en que se distribuye y ejerce el poder. El relevo generacional no puede seguir siendo una consigna mientras las viejas estructuras se empeñan en cerrarles el paso a quienes no pertenecen a sus círculos.
Y sí, hacen falta mujeres jóvenes en la política. Hace falta que puedan participar sin que su apariencia, su vestimenta, su origen o su trayectoria profesional se conviertan en obstáculos adicionales. Hace falta que se les juzgue por sus capacidades, sus propuestas y sus actos, exactamente bajo los mismos criterios que a los hombres.
Porque si para una parte de la clase política resulta más aceptable un hombre rico, aunque su trayectoria sea cuestionable, que una mujer joven que pretende abrirse camino, entonces el problema no es la falta de experiencia de las mujeres, sino una cultura política que todavía confunde el poder con el privilegio y la experiencia con la permanencia de los mismos de siempre.
