El pasado 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo a punto de detener la rotación de la Tierra… o al menos eso sugiere el drama legal de la Acción de Inconstitucionalidad 123/2026. En un país con carencias estructurales, parece que la prioridad nacional es decidir si un puñado de investigadores de las universidades más costosas del país —esas donde el estacionamiento cuesta más que la canasta básica— tiene el “derecho humano” a recibir un bono del Estado sin siquiera dar las gracias.
El apocalipsis del “viernes negro”
El alegato “La Corte y la ciencia de segunda mano”, publicado en Nexos por un abogado de capa caída, se envuelve en una retórica de terror digna de Stephen King para hablarnos de los “engendros del viernes negro”. Se refiere, por supuesto, a la sesión legislativa de 2023 donde se aprobó la llamada “Ley de Ciencias”, que por cierto no se llama así. Para semejante dramaturgo, aquel evento no fue un proceso legislativo, sino un ritual oscuro donde diputados y senadores conspiraron para destruir la curiosidad humana.
Es fascinante cómo el análisis jurídico se transforma en una película de serie B. Se habla de “vicios procesales” y “regresiones”, pero lo que realmente parece doler es que el Estado mexicano decidió, tras treinta años de generosidad ciega, que quizá no debería regalar dinero a quienes ya están en la nómina de instituciones privadas de élite sin obtener algo a cambio. El autor llama a esto un “escenario desolador”. Para la mayoría de los mexicanos, un escenario desolador es no tener seguridad social; para esta élite académica, es tener que redactar un convenio de colaboración, dar una clase, participar en un proyecto de investigación, dirigir una tesis o dictaminar artículos.
La discriminación de “guante blanco”
El núcleo de la queja es la supuesta discriminación. El argumento es una joya del surrealismo jurídico mexicano: si el Estado beneficia a los investigadores de instituciones públicas (sus propios empleados), está discriminando a los de las privadas.
Bajo esta lógica de “igualdad” mal entendida, si el gobierno decidiera dar vales de despensa a los policías, técnicamente estaría “discriminando” a los guardias de seguridad de las plazas comerciales. ¡Una injusticia normativa que el Estado no subsidie las compras de Walmart de todo aquel que use uniforme, sólo porque no trabaja para el sector público! El autor sostiene que ambos grupos están en la “misma situación”. Claro, excepto por el pequeño detalle de que unos trabajan para el beneficio público directo y otros para instituciones que cobran colegiaturas que requieren un crédito hipotecario.
Pero el autor lleva su indignación a la estratósfera al comparar esta “exclusión” con una ley que restringiera el voto de las mujeres bajo condiciones de matrimonio o ingresos. Es, posiblemente, la pirueta lógica más audaz del siglo XXI. Comparar la entrega de un bono económico opcional con el despojo de un derecho humano fundamental no sólo es un disparate, sino una falta de respeto a la inteligencia básica. Es como decir que si mi gimnasio me pide usar tenis blancos para entrar a la zona VIP, me están aplicando el mismo nivel de opresión que el Apartheid.
La “imposible” tarea de dar una clase
Entremos al terreno de la ministra Sara Irene Herrerías. Su proyecto sugiere que, para que un investigador de la Ibero o el Tec reciba dinero del pueblo, simplemente debe “colaborar” con una institución pública. Puede dar una asignatura, coordinar un programa o participar en un proyecto real.
Ante esta propuesta, el autor entra en pánico. Califica de “ingenuidad” la idea de que un académico pueda conseguir un espacio en lo público con un simple correo o llamada. ¡Pobres doctores! Estamos hablando de las mentes más brillantes de la nación, capaces de explicar física cuántica o semiótica de la posverdad, pero que —según el autor— entran en parálisis social si tienen que pedir permiso para dar una clase en una universidad pública.
La queja es que esto sería una “maroma”. El autor se indigna porque se obligaría a una persona a prestar un servicio sin remuneración. ¡Oh, la tragedia! Trabajar un par de horas a la semana en lo público a cambio de un estímulo mensual de miles de pesos le parece un “favor” demasiado grande. Es, en esencia, la defensa del derecho divino a cobrar del erario sin ensuciarse las manos con la educación pública.
El misterio de las langostas y los presupuestos
El texto dedica una sección entera a desmentir los rumores sobre la vida de lujos de los investigadores. Se nos dice, con una seriedad casi fúnebre, que el estímulo de hasta 20 mil pesos “difícilmente alcanza para vuelos redondos y cenar langosta en Acapulco”.
Agradecemos profundamente esta aclaración técnica. Estábamos todos en las calles, antorcha en mano, creyendo que los 1,455 investigadores de instituciones privadas estaban agotando las existencias de crustáceos en las costas mexicanas. Resulta que no: únicamente les alcanza para una vida digna, académica y, lamentablemente, libre de banquetes marinos semanales con cargo al presupuesto público.
El autor argumenta que, como sólo representan el 3.03% del padrón, su costo es insignificante. Es la clásica defensa del privilegio: “es poquito, así que déjenlo pasar”. Pero el principio es lo que importa: ¿por qué el Estado debe financiar a investigadores de instituciones particulares cuando el objetivo es fomentar el desarrollo científico mediante políticas públicas que el autor parece considerar un estorbo?
La esperanza en el “club de los ministros”
Al final, el egresado de la Escuela Libre de Derecho y de Harvard nos confiesa su “esperanza”: que los ministros de la Corte —especialmente aquellos que vienen de la academia y son miembros del SNII, como Loretta Ortiz o Giovanni Figueroa— voten a favor de la inconstitucionalidad.
Es un cierre magistral: el autor apela a que quienes pertenecen al mismo gremio que se beneficia del sistema decidan que el estímulo es un derecho intocable. Se nos dice que el ministro Giovanni Azael Figueroa no debe declararse impedido, a pesar de que él mismo presentó un amparo contra la ley cuando era académico de la Ibero. Porque, claro, en el mundo de la alta academia, ser juez y parte no es un conflicto de interés: es simplemente “estar a la altura del cargo”.
Si como escribe, se desenvuelve como gamer…
La objeción a la Ley de Ciencias presentada en este texto no es una defensa de la investigación científica: es la rabieta de una élite que se siente insultada porque le pidieron la cartilla de vacunación antes de entrar a la fiesta del presupuesto. Entre el drama del “viernes negro”, la “discriminación” imaginaria de Walmart, el control de acceso del gimnasio y la carencia de langostas, el artículo se desmorona por su propio peso pretencioso.
Esperemos que este abril la Suprema Corte no se deje llevar por esta retórica de salón de té y entienda que el dinero público debe tener un impacto público. Y si los investigadores de la privada quieren su estímulo, que tomen el teléfono, respiren profundo y se atrevan a dar una clase en una universidad que no tenga fuentes de mármol en la entrada. No es una regresión; es, simplemente, el fin de la beca para la comodidad.
