PUEBLA, MÉXICO.- Los factores que llevan a una mujer a reconocer la violencia que sufre por parte de su pareja son muchos y tomar la decisión de denunciar estas agresiones representan un conflicto emocional al interior de la víctima muy fuerte; sin embargo, hasta hace unos meses, tres de cada cinco mujeres otorgaban el perdón a sus agresores, describió Alicia de Lourdes Llamas Martínez Garza, directora del Centro de Justicia para Mujeres.
Este perdón implicaba que a pesar de haber una denuncia penal por violencia intrafamiliar, el hombre quedaba impune pese a las lesiones cometidas en contra de la mujer, sin embargo por cuestiones como miedo hacia el propio agresor, o la incertidumbre de qué iba a vivir la mujer sin el ingreso de su pareja es que éstas decidían retirar las demandas.
Las mujeres a veces tienen terror del hombre, sobre todo cuando sabe que hay un proceso jurídico en su contra, lo viven en una situación de vulnerabilidad y por eso dan el perdón”, afirmó.
Otro factor que influía a que se retiraran las denuncias era las “ideas románticas” de que el agresor puede cambiar o los regalos con los cuales busca ganarse la confianza de la víctima, hasta el hecho de que después de presentar la queja la mujer se llena de una culpa tremenda y decidía no continuar con el proceso.
Estos escenarios se terminaron hace unos meses, cuando a raíz de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en septiembre se hizo una reforma al Código Penal para eliminar la posibilidad de que se diera el perdón en los casos de violencia intrafamiliar y que estos delitos se sigan de oficio.
Sin embargo, esta nueva disposición sí ha generado ciertos obstáculos al interior del Centro de Justicia para Mujeres, pues cuando una usuaria llega con la intensión de presentar la denuncia penal y se le informa el nuevo marco jurídico cambia de opinión y decide pensarlo más tiempo o buscar una vía civil para resolver la situación con su pareja, comentó Llamas Martínez Garza.
“Hay una reacción de mayor pánico, pero tenemos que explicarles todo lo que puede pasar en caso de que tomen estas decisiones, que ya no hay marcha atrás”, comentó la directora, al insistir que es obligación de las trabajadoras del centro dar toda la información acerca de las posibles consecuencias de una denuncia y que ahora ya no hay posibilidad de retirarlas.
Este nuevo marco legal, continuó, representa además una obligación para que haya un mejoramiento en los mecanismos internos del Centro de manera que se pueda dar un mejor seguimiento a los casos y, sobretodo, darles las explicaciones de una forma adecuada.
Además, la directora fue enfática al señalar que “el camino nos lo van dando ellas, nosotras tenemos la obligación de darles toda la información, y en los casos de violencia extrema insistimos en la denuncia, les damos los elementos y ellas son las que deben tomar las decisiones”, pues las trabajadoras del centro no les pueden imponer que presenten o no las denuncias.
Y aunque se prosiga con las denuncias, se han dado casos en los que las mujeres no sólo se vuelven a juntar con sus agresores después de que éste cumple con las penas que se les imponen, sino que dentro del proceso ellas mismas juntan el dinero para pagar la fianza de sus parejas.
Todo esto, explicó la funcionaria, se debe en gran parte a la formación que se tiene en general, a las concepciones sociales de que la mujer debe aceptar a su esposo a pesar de la violencia que sufra, por lo que la carga cultural que lleva a cuestas la víctima es otro de los obstáculos que debe sobrellevar a lo largo de estos procesos.
A pesar de esto, del 1 al 24 de enero se registraron 34 denuncias penales por violencia familiar en el Centro de Justicia para Mujeres, de las cuales emanaron alrededor de 20 ordenes de protección para las denunciantes.a los gobiernos de ambas entidades.
