LA RESURRECCIÓN, PUEBLA.- Don Pascual, agricultor de 75 años y hablante del náhuatl no sabe de coordenadas pero conoce de palmo a palmo el lindero de las tierras que le heredaron sus abuelos. Sin embargo, desde hace un año vive en la zozobra de perder lo único que tiene porque le han dicho que aquella tierra que conoce como suya ya no le pertenece. Y no sabe qué hacer, a dónde ir y de qué vivir. Lo único que le queda es la resistencia.
En enero de 2018, él y otros 400 campesinos de la junta auxiliar de La Resurrección se enteraron que sus tierras pasaron a ser propiedad de Carlos Juárez Camacho, un hombre que no conocen e ignoran la forma en que se apropió de sus pequeños predios que conforman un polígono de 170 hectáreas que colindan con la autopista Puebla-México.
El año pasado, al intentar pagar el impuesto predial en la Tesorería del Municipio de Puebla, a donde pertenece la junta auxiliar de La Resurrección, les informaron que no podrían cumplir con este trámite que realizaban desde que el entonces gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores (1999-2005) les había entregado sus títulos dentro del Programa de Regularización de la Propiedad Rústica Inmobiliaria en el Estado de Puebla. Aquel documento fue invalidado por un juez que determinó que aquellos 450 predios pasaron a ser propiedad de Carlos Juárez Camacho porque alguien más se los vendió como si fuera un solo terreno de 170 hectáreas.
AL ACECHO
Aunque los campesinos de La Resurrección siguen sembrando tradicionalmente sus tierras de maíz, los han visitado miembros de la empresa inmobiliaria SADASI para recorrer el polígono que Carlos Juárez Camacho (presunto propietario de las 170 hectáreas) pretendía venderles. Al verificar que se trata de tierras en disputa legal, la inmobiliaria desistió de su intención de compra.
Además la incertidumbre en este año se acentúa con el traslado de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal a Puebla, pues los campesinos temen que sus predios sean destinados a la construcción de viviendas para trabajadores de esta nueva sede que será instalada en el municipio.
El presidente del colectivo Hermanos Serdán, Arturo Mendoza, encargado de la defensa de los campesinos que podrían ser despojados de sus tierras, afirmó que hay un amparo en contra de la decisión de las autoridades catastrales del municipio de Puebla que niegan que los labriegos paguen el predial como lo venían realizando durante años.
Arturo Mendoza, aseguró que la Dirección de Catastro Municipal de Puebla eliminó el registro catastral de los predios de los campesinos de forma “ilegal” para sobreponer una nueva inscripción a nombre de Carlos Juárez Camacho.
Sin embargo, la directora de Catastro Municipal de Puebla, María Luisa de Ita Zafra, indicó que no compete al Ayuntamiento de Puebla definir la propiedad entre particulares y el registro catastral de los predios -que pertenecen a este polígono- se encuentran “bandeadas”, un término normativo que se utiliza para impedir el pago de predial tanto a los campesinos como al propio Carlos Juárez Camacho, en tanto un juez determine la situación legal de las tierras.
ACUERDO 169
Para Arturo Mendoza, la legítima propiedad de estos predios tendrá que resolverse echando mano de la protección internacional que se documenta en el Acuerdo 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales inscrito en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificado por 22 países, entre ellos México.
Acogidos en esta declaración de 46 artículos, el colectivo Hermanos Serdán buscará que se haga efectivo el artículo 17 que suscribe el respeto a “las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos”, a fin de que deba “consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”.
Así, “deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.
EL APUNTE
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 85 por ciento de la población de la junta auxiliar de La Resurrección es indígena y casi la mitad de sus pobladores son hablantes de la lengua náhuatl.
