Las detuvieron como si fueran criminales peligrosas: decenas de policías contra cuatro mujeres jóvenes que tuvieron el “atrevimiento” de hacer de la fuente de San Miguel en el zócalo de Puebla el repositorio de su rabia.
En videos quedó documentado el operativo desmedido, la violencia y la improvisación de la Policía municipal, en una escena que recuerda cómo, en este país, el aparato de seguridad se despliega con fuerza solo cuando se trata de frenar protestas, ya sea feministas o sociales, y nunca cuando la vida de las mujeres está en riesgo.
Luna, Fernanda, Viridiana y Victoria pasaron 24 horas incomunicadas, sufrieron tortura física y psicológica —según sus testimonios— y fueron obligadas a entregar sus teléfonos desbloqueados.
Durante cinco horas nadie supo dónde estaban.
Cinco horas de desaparición forzada.
Cinco horas que evidencian la falta de protocolos y la normalización del abuso policial.
El discurso oficial fue el de siempre: “actos vandálicos”, “daños al patrimonio”. El mismo libreto con el que se pretende reducir una protesta legítima a un delito menor, para así evitar hablar del verdadero trasfondo: la violencia contra las mujeres y las desapariciones que motivaron la marcha del 30 de agosto.
Lo más grave, sin embargo, no es solo el uso excesivo de la fuerza, sino la omisión de las instituciones que deberían garantizar los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado tardó cinco horas en pronunciarse.
Cinco horas en las que la incertidumbre y el miedo se multiplicaron.
Porque la protesta de las Morras Sororas no surgió de la nada. Surgió de la rabia por cientos de mujeres desaparecidas, de los feminicidios que crecen mientras las autoridades ensayan discursos huecos sobre igualdad de género e inclusión; sin embargo, en lugar de atender el problema, prefieren criminalizar a quienes se atreven a señalarlo.
El saldo es claro: cuatro mujeres con libertad condicional, bajo proceso, con la etiqueta de “vándalas” encima y con miedo de volver a ser perseguidas. En Puebla se envía el mensaje: protestar es peligroso, alzar la voz tiene consecuencias.
Mientras tanto, los feminicidios, las desapariciones y la impunidad siguen su curso. Y ahí, paradójicamente, no hay operativos relámpago, ni policías encapuchados, ni comunicados de condena inmediata.
El caso de las Morras Sororas no es un hecho aislado: es la radiografía de cómo se sigue criminalizando la protesta en México, de cómo las autoridades carecen de protocolos claros y de cómo los organismos de derechos humanos siguen atrapados en la comodidad de la tardanza.
Al final, lo que duele no es la fuente rayada ni la piedra manchada, sino es confirmar, otra vez, que en Puebla —como en todo el país— sigue siendo más grave pintar un monumento que desaparecer a una mujer.
