TLAXCALA.- Han pasado 25 años desde la adopción del Protocolo de Palermo por la ONU, y casi 22 desde que México lo ratificó. Sin embargo, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual sigue vigente en Tlaxcala, sostenida por la omisión, la impunidad y la complicidad institucional.
El Protocolo, creado para prevenir y sancionar la trata de personas, no se cumple en la vida real de quienes la padecen. Tlaxcala lo demuestra: entre 2021 y 2024, 260 mujeres y niñas fueron reportadas como desaparecidas, pero sólo se activaron 10 Protocolos Alba y 23 Alertas Amber. La mayoría de los casos nunca fue relacionada formalmente con trata, violencia sexual o feminicidio. La impunidad no es casual: es estructural.
Los datos lo gritan: de enero a junio de 2025, solo se abrieron tres carpetas de investigación por trata con fines sexuales en Tlaxcala, aunque hubo ocho denuncias anónimas que ni siquiera derivaron en investigaciones. El subregistro es abismal, y la capacidad del Estado para proteger es casi nula.
A pesar de los marcos legales y programas como el Programa Estatal contra la Trata 2022–2027, la implementación ha sido deficiente. De las 30 medidas de la Alerta de Violencia de Género activada en 2021 para todo el estado, solo dos se han cumplido hasta septiembre de 2023. La violencia continúa y los responsables, muchas veces, ocupan cargos públicos.
Este año lo confirma: desde un regidor con denuncias de violencia familiar hasta un director de PROPAET detenido por abuso sexual, y eventos organizados por autoridades municipales que mercantilizan a las mujeres en espectáculos disfrazados de cultura o celebración. El Estado, en todos sus niveles, reproduce la violencia que debería erradicar.
Frente a esta realidad, organizaciones sociales como el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y docentes han tomado la iniciativa. Del 4 al 14 de julio, se entregaron orientaciones educativas para prevenir la trata en 37 escuelas secundarias de 17 municipios. Estos esfuerzos, nacidos desde las aulas, buscan sembrar una transformación cultural donde el Estado ha fallado.
Ante ello, las exigencias son claras:
- Al Consejo Estatal contra la Trata: que informe los avances del programa estatal, con datos públicos y verificables.
- A la Secretaría de Educación Pública: que implemente un programa educativo real, con participación de la sociedad civil y la academia.
- A la Fiscalía del Estado: que investigue de oficio, deje de minimizar denuncias y garantice justicia a las víctimas.
- A las autoridades municipales: que dejen de promover espectáculos misóginos y denuncien la trata cuando la detecten.
- Al gobierno federal: que actúe, que deje de mirar hacia otro lado.
