- La visita del relator de la ONU sobre sustancias tóxicas exhibe una crisis socioambiental de décadas en la Cuenca del Alto Atoyac: contaminación industrial, omisiones del Estado y comunidades que exigen justicia ambiental frente a un territorio convertido en zona de sacrificio.
PUEBLA.- El río no habla, pero deja rastros con su espuma densa, olores que arden en la garganta y enfermedades que se repiten en silencio. En la Cuenca del Alto Atoyac, el agua dejó de ser promesa hace décadas y se convirtió en evidencia.
El pasado 18 de marzo, esa evidencia fue puesta frente a los ojos de Marcos A. Orellana, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos. No llegó a descubrir el problema, sino que llegó a escucharlo. Y lo que encontró fue un territorio narrado por la ausencia del Estado y la persistencia de la vida.
En comunidades de Puebla y Tlaxcala, madres, jóvenes e infancias relataron pérdidas que no caben en estadísticas: cáncer, leucemia, malformaciones, muertes tempranas. Historias que se repiten desde hace al menos 25 años, cuando las primeras denuncias comunitarias comenzaron a señalar lo que hoy la ciencia confirma, que vivir cerca del río enferma.
Un problema que no empezó ayer
Durante su visita, Orellana advirtió que la crisis no responde a un episodio reciente, sino a un abandono estructural tras décadas de industrialización sin controles efectivos, regulación débil y vigilancia inexistente.
En cifras, la devastación es medible, pues al menos 112 contaminantes han sido identificados en los ríos Atoyac y Zahuapan. Sustancias como cloruro de vinilo y clorobencenos —confirmadas en mediciones en tiempo real— circulan cotidianamente en el agua que atraviesa comunidades enteras.
Asimismo, académicos del Grupo Interuniversitario del Alto Atoyac detallaron que en zonas urbanizadas de la cuenca, los niveles de toxicidad pueden superar hasta ocho veces los límites permisibles. La mortalidad por infarto en jóvenes se ha duplicado en la última década, mientras que estudios del IMSS han documentado que 400 de cada mil casos de leucemia infantil analizados se concentran en regiones cercanas al río.
Territorio de sacrificio
El recorrido del relator incluyó el corredor industrial de Huejotzingo, donde observó descargas directas de aguas residuales. No es una excepción, sino una práctica sistemática.
Las plantas de tratamiento, como la de San Martín Texmelucan, operan —cuando lo hacen— por debajo de su capacidad y sin tecnología para procesar contaminantes industriales. En paralelo, empresas continúan utilizando redes de drenaje municipales para verter residuos sin supervisión.
El resultado es lo que Orellana nombró sin rodeos: “zonas de sacrificio”, territorios donde el crecimiento industrial avanza sobre la salud de la población, normalizando la exposición cotidiana a sustancias peligrosas.
La memoria de un río incendiado
Las comunidades no sólo hablan desde el presente, sino que recuerdan. En 1975, 2009 y 2010, el río Atoyac se incendió tras accidentes industriales en la región, episodios que marcaron una memoria ambiental que hoy se conecta con la crisis actual.
Esa memoria también es campesina, pues un territorio que alguna vez garantizó alimento, agua y salud, hoy enfrenta la pérdida de su base ecológica y económica. La contaminación no sólo enferma cuerpos; desestructura formas de vida.
Derechos humanos en riesgo
Para especialistas en derecho, la crisis trasciende lo ambiental. Se trata de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales: salud, agua, alimentación y vida.
La ausencia de regulación efectiva, sumada a normas insuficientes, configura un escenario donde el Estado no sólo ha fallado en prevenir el daño, sino también en garantizar condiciones mínimas de protección.
Desde la academia y las organizaciones, el llamado es que cualquier plan de saneamiento debe ser integral, vinculante y construido con participación comunitaria.
La disputa por el futuro
En el cierre de su visita, el relator advirtipo que sin regulación robusta y sin voluntad política, la crisis del Atoyac seguirá profundizándose.
Mientras tanto, en las orillas del río, la exigencia de justicia ambiental como condición de justicia social se mantiene. Porque en el Atoyac, lo que está en juego no es sólo el agua, es el derecho a habitar el territorio sin enfermar por ello.
