PUEBLA, MÉXICO.- Durante el transcurso de la actual contienda electoral, los candidatos a los diferentes cargos locales han mantenido una postura distante y hasta “apática” hacia el tema de los presos políticos y la criminalización de la protesta social que se vive en la entidad desde la administración de Rafael Moreno Valle, lamentó Miguel Ángel Rosas Burges, integrante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla.
Ante este escenario, el colectivo exigió que los participantes en el proceso electoral hagan un posicionamiento claro en relación a las acciones que tomarían para combatir asuntos como el hostigamiento hacia los activistas sociales así como los proyectos de muerte en el territorio poblano como son las mineras, el fracking y as hidroeléctricas.
Si bien algunos personajes, como la propia Martha Erika Alonso Hidalgo, ya se han manifestado en contra de los proyectos extractivos, el también académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acusó que esto pareciera sólo un “mensaje esperanzador” en el contexto político y buenas intensiones, sin que haya un compromiso real por atender estas problemáticas sociales.
Otro tema que consideran necesario que los próximos representantes populares atiendan es la “cooptación de la Fiscalía” la cual se ha caracterizado por la “fabricación de delitos a modo a los disidentes”.
Al respecto, Carolina González Barranco, vocera del Comité, señaló que pareciera que existe “una obsesión” por parte de Víctor Carrancá Bourget o por algún otro personaje para que no haya un cambio en la titularidad de a Fiscalía General del Estado a pesar de los llamados hechos por diferentes actores sociales y políticos.
Rosas Burges además lamentó que este no sea visto como “un tema toral” para los candidatos, por lo que aseguró que “gane quien gane” el Comité seguirá impulsado la cancelación de los procesos que se abrieron en contra de activistas durante el sexenio morenovallista.
Esto pues, por ejemplo, todavía sigue abierta la carpeta de investigación en contra de los siete estudiantes de la Buap que fueron detenidos a mediados de 2015 acusados de presuntos actos vandálicos a pesar de los amparos que se han presentado en contra de las acusaciones en su contra.
