Hace algunos meses escribí en este mismo espacio sobre la inversión que Carlos Slim pretendía realizar en la zona de San Francisco y planteaba una pregunta que sigo considerando necesaria: ¿por qué una parte tan importante de Puebla tuvo que esperar la llegada de uno de los empresarios más poderosos del país para volver a estar en la conversación? Hoy el escenario cambió, el proyecto comienza a conocerse con mayor detalle y también llegaron las críticas desde el Gobierno del Estado; lo interesante es que entre quienes celebran la inversión y quienes advierten sus riesgos comienza a construirse una discusión donde nuevamente parece faltar alguien: quienes viven, trabajan y mantienen una relación cotidiana con ese territorio.
Ahora sabemos que se habla de una inversión cercana a cuatro mil millones de pesos, alrededor de 700 viviendas, espacios comerciales, estacionamientos, oficinas y otros usos en una de las zonas históricas más importantes de Puebla. Carlos Slim ha señalado que se busca recuperar la actividad, incorporar vivienda y evitar la gentrificación; desde el gobierno estatal, por otra parte, han aparecido cuestionamientos sobre el posible desplazamiento, la conservación del patrimonio, el clasismo y los intereses privados alrededor de una intervención de esta magnitud.
Hasta aquí podríamos pensar que estamos frente a dos posiciones completamente distintas, no estoy tan seguro.
De un lado encontramos la idea de que una gran inversión puede devolverle vida a San Francisco, del otro aparece un gobierno preocupado porque esa inversión modifique la zona, genere gentrificación o termine colocando los intereses privados por encima de los públicos; ambas posiciones tienen argumentos que merecen ser escuchados, aunque ninguna debería recibir un cheque en blanco.
Empecemos por Carlos Slim.
Cuatro mil millones de pesos impresionan, pero la cantidad invertida no responde las preguntas importantes. Construir vivienda tampoco garantiza recuperar comunidad, abrir comercios no significa fortalecer automáticamente la economía local y conservar fachadas no asegura conservar aquello que sucede detrás de ellas; San Francisco no es solamente un conjunto de predios con posibilidades inmobiliarias, forma parte de un territorio construido durante generaciones y cualquier intervención de semejante tamaño inevitablemente modificará precios, movilidad, actividades económicas y la relación de las personas con ese espacio; decir que no habrá gentrificación tampoco basta.
La gentrificación no desaparece porque un desarrollador asegure que no pretende provocarla, habrá que conocer quién podrá pagar esas viviendas, qué tipo de comercio llegará, cuánto aumentará el valor del suelo, qué ocurrirá con las rentas cercanas y si los habitantes actuales encontrarán oportunidades dentro de esa transformación o simplemente observarán cómo cambia el barrio alrededor de ellos. No afirmo que necesariamente ocurrirá un desplazamiento, sería irresponsable hacerlo sin conocer todavía el proyecto completo; precisamente por eso tampoco deberíamos aceptar anticipadamente que no ocurrirá.
Pero las críticas provenientes del Gobierno del Estado también merecen algunas preguntas incómodas.
Resulta válido exigir respeto al patrimonio, advertir sobre gentrificación y recordar que el interés público debe colocarse por encima del privado; lo extraño es que buena parte de estas preocupaciones adquiera tanta fuerza justamente cuando aparece Carlos Slim con cuatro mil millones de pesos sobre la mesa, porque San Francisco, El Alto y los barrios históricos no comenzaron a tener problemas la semana pasada, llevan años teniéndolos.
Si existen inmuebles deteriorados, espacios desaprovechados, problemas de infraestructura, pérdida de habitantes o actividades económicas debilitadas, entonces habría que preguntar qué proyecto público existía antes de que llegara Grupo Carso. Criticar al capital privado resulta sencillo cuando toca la puerta, bastante más difícil es explicar por qué el Estado no consiguió construir previamente una alternativa suficientemente fuerte para recuperar ese territorio desde una lógica social, patrimonial y comunitaria.
El propio gobernador ha señalado recientemente que la zona presenta problemas de limpieza, alumbrado y calles deterioradas, al mismo tiempo que ha pedido al Ayuntamiento atender los barrios. Precisamente por eso surge una pregunta inevitable: si sabemos desde hace tiempo que existen esas carencias, ¿por qué permitimos que llegaran hasta este punto?
No podemos descubrir el valor social de un territorio solamente cuando alguien quiere invertir en él.
Tampoco me convence el argumento contrario, aquel que prácticamente nos pide agradecer que un empresario esté dispuesto a invertir semejante cantidad de dinero. Puebla necesita inversión privada, por supuesto, y sería absurdo rechazarla únicamente porque provenga de un gran capital; lo que necesitamos discutir es bajo qué condiciones entra, quién establece esas condiciones y qué obtiene la ciudad a cambio de permitir una transformación de esta escala, ahí encuentro el problema de fondo.
La discusión comienza a parecer una disputa entre quienes dicen “déjenlo invertir” y quienes responden “hay que proteger Puebla”, cuando ambas cosas podrían y deberían ocurrir al mismo tiempo. Inversión con límites, vivienda con mecanismos que eviten desplazamiento, comercio que no termine arrinconando a los pequeños negocios, conservación patrimonial que vaya más allá de mantener una fachada bonita y, principalmente, decisiones donde los habitantes de la zona tengan algo más que el derecho a enterarse cuando todo esté prácticamente decidido.
Porque tampoco deberíamos aceptar que el futuro de San Francisco se resuelva en reuniones entre empresarios y autoridades.
Si Grupo Carso tiene un proyecto, que lo presente completo; si el Ayuntamiento considera que beneficiará a Puebla, que explique con indicadores concretos cómo lo hará; si el Gobierno del Estado advierte riesgos de gentrificación, que diga cuáles identifica y qué instrumentos propone para evitarlos; si existen implicaciones patrimoniales, que el INAH determine claramente hasta dónde puede intervenirse y, antes de celebrar o condenar la inversión, habría que escuchar a quienes llevan años viviendo y trabajando ahí, eso sería gobernanza. Lo demás corre el riesgo de convertirse en una disputa política alrededor de cuatro mil millones de pesos.
San Francisco no necesita que Carlos Slim decida por sí solo qué significa revitalizarlo, pero tampoco necesita que el gobierno descubra ahora todo aquello que debió atender desde hace años; uno tiene el capital, el otro tiene la responsabilidad pública y ninguno debería confundirse respecto del lugar que ocupa.
El dinero puede transformar San Francisco, de eso tengo pocas dudas.
La verdadera discusión es quién decidirá cómo se transforma y quién podrá seguir formando parte de él cuando esa transformación termine.
