PUEBLA, MÉXICO.- Dentro del Programa de Derechos Humanos del Estado de Puebla (PDHEP) que presentaron hace unos días las autoridades estatales destaca que uno de los objetivos es el combate a la discriminación en contra de las mujeres; sin embargo, las acciones concretas e indicadores propuestos para esto no atienden de fondo la situación de violencia que viven las poblanas.
Esto se debe en gran medida a que las acciones se centran únicamente a la atención de las madres solteras o a las jefas de familia, mientras que las propuestas para atender al resto de la población femenil son escasas.
En el documento se indica que el objetivo 5 busca “erradicar los actos discriminatorios que atenten contra los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; así como garantizar a la población lésbica, gay, bisexual, travestí, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI) el respeto y protección a sus derechos humanos”.
En el caso concreto de las mujeres, si bien se hace mención de la violencia intrafamiliar, se pone especial énfasis en las condiciones de las madres solteras, pues se señala que las mujeres de escasos recursos viven con muchas carencias “y si a ello agregamos ser madres solteras, es decir que carecen del apoyo de una pareja, se incrementa su vulnerabilidad, ya que se enfrentan a condiciones adversas, pocas oportunidades, discriminación y viven bajo situaciones de desventaja social, económica y laboral”.
Tomando en cuenta esto, no habría que extrañar que las únicas dos líneas de acción concretas orientadas hacia el combate a la discriminación de las mujeres son la creación de guarderías y estancias materno-infantiles de horario extendido, con servicio de comedor e instalaciones adecuadas, y abrir espacios para “la estancia gratuita de las madres solteras y sus hijos en donde reciban apoyo de asesoría legal; servicios psicológicos y médicos; bolsa de trabajo y programas permanentes de empleo”.
Pese a esto, en el reporte de indicadores que se establecen para medir el cumplimiento del objetivo se detallan algunas medidas adicionales, como la conformación de una instancia especializada para prevenir los actos de violencia en contra de las mujeres, la cual estaría a cargo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema Estatal DIF, y que, de acuerdo con las metas establecidas, deberá operar este mismo año.
Otras de las medidas establecidas son la creación de albergues, colocar a mujeres en empleos formales, brindar capacitación laboral a las poblanas, promover programas para que madres solteras continúen con su educación y brindar atención médica a mujeres indígenas y que tengan alguna discapacidad.
Pero no sólo dentro de este indicador se proponen acciones orientadas a población femenina, pues dentro del rubro de mejora de las condiciones de los centros penitenciarios se contempla la creación de estancias infantiles anexas para los hijos de las internas, garantizar la atención ginecológica a la población femenil e integrar un registro de las reclusas embarazadas.
Reconocimiento de identidad sexogenérica
Al igual que en el caso de las mujeres, las acciones propuestas para atender la discriminación de la comunidad LGBTTTI son pocas pero algunas de éstas representarían avances considerables en la atención de este sector.
Uno de los puntos que más llama la atención es la eliminación de obstáculos para la expedición de documentos oficiales como parte del cambio de identidad sexogenérica, pues desde hace poco más de un año una iniciativa para facilitar estos trámites para las personas transgénero se presentó en el Congreso del Estado, pero fue enviada a la congeladora.
Además se establecen como líneas de acción trabajar con organizaciones sociales para elaborar estudios y análisis que visibilicen los problemas y carencias que viven las personas con preferencias sexuales diferentes y garantizar atención médica a la población LGBTTTI que no cuenten con seguridad social.
