- Académicos del Instituto de Geografía de la UNAM destacan que la nueva ley es el instrumento más detallado en materia de pueblos originarios desde las Leyes de Indias; aborda autonomía, consulta previa y protección del patrimonio cultural.
MÉXICO.- La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDPIyA) representa uno de los avances más significativos en materia de reconocimiento y protección de los pueblos originarios en la historia de México independiente, coincidieron especialistas del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM durante un foro académico dedicado a su análisis crítico.
La directora del IGg, María Teresa Sánchez Salazar, destacó que la ley aborda temas fundamentales como el reconocimiento jurídico, la autonomía, las reglas de la consulta previa y un capítulo específico sobre patrimonio cultural, un rubro de prioridad nacional por su impacto en la identidad, la memoria y los derechos colectivos.
El investigador posdoctoral Víctor Francisco Martínez González Robles señaló que se trata del cuerpo legislativo más detallado en el territorio mexicano desde las Leyes de Indias del siglo XVI, con 453 artículos y 11 transitorios que introducen innovaciones reales. Recordó que el proceso de consulta ya fue convocado en el Diario Oficial y que en los próximos días iniciarán las asambleas regionales.
“Estamos en un momento histórico”, afirmó. México cuenta con 68 pueblos indígenas, más de 16 mil 700 comunidades indígenas y afromexicanas, 39 millones de personas que se identifican como indígenas y 2.6 millones que se reconocen como afrodescendientes. Todas y todos serán consultados sobre un instrumento que redefinirá por décadas su relación con el Estado.
Martínez González advirtió que, aunque la ley otorga personalidad jurídica a los pueblos para defender su patrimonio, la estructura normativa mantiene elementos que deben analizarse con cuidado: el Estado continúa siendo quien cataloga y registra los sitios sagrados y bienes culturales, y el consentimiento indígena, aunque obligatorio, no equivale a veto.
También señaló que la Ley Federal de Monumentos de 1972 y la autoridad técnica del INAH permanecen intactas, mientras que los mecanismos de distribución de beneficios carecen de fórmulas claras, pisos mínimos o evaluaciones independientes.
Por su parte, el investigador posdoctoral Erik David García González subrayó que, aunque la ley reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público, la presión del turismo masivo puede convertir ceremonias sagradas y festividades comunitarias en espectáculos comercializables, lo que plantea retos para la protección efectiva del patrimonio cultural.
El foro reunió a especialistas, representantes comunitarios y defensores del patrimonio, quienes coincidieron en que la LGDPIyA abre una oportunidad histórica para fortalecer derechos, pero también exige vigilancia, análisis crítico y participación activa de los pueblos en su implementación.
