- Tras la inspección de la Profepa al relleno sanitario de Chiltepeque, el Ayuntamiento de Puebla aseguró que la empresa RESA deberá solventar cualquier observación que emita la autoridad federal. Mientras el gobierno pide esperar el dictamen, comunidades del sur de la ciudad denuncian desde hace años contaminación por lixiviados que se extiende hasta 15 kilómetros.
PUEBLA.- Luego de la inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el relleno sanitario de Chiltepeque, el secretario general de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, informó que, en caso de existir observaciones, la empresa RESA será la responsable de atenderlas.
El funcionario sostuvo que el relleno opera bajo la normatividad vigente y señaló que la Profepa cuenta con un plazo de entre cinco y quince días para emitir su dictamen. Añadió que una eventual clausura generaría una problemática mayor en el manejo de residuos, ya que el sitio recibe desechos de Puebla capital y de al menos ocho municipios.
Las declaraciones se dieron tras el bloqueo realizado por habitantes de Santo Tomás Chautla y San Francisco Totimehuacán, quienes denunciaron el presunto desbordamiento de lixiviados en los cárcamos del relleno sanitario.
De acuerdo con testimonios comunitarios y especialistas, los lixiviados —líquidos con metales pesados y compuestos tóxicos— se filtran en el subsuelo y recorren más de 15 kilómetros a través de barrancas y arroyos hasta llegar a la laguna de Valsequillo, afectando colonias y pueblos originarios del sur de Puebla.
El relleno de Chiltepeque opera desde 1995 y, aunque su concesión venció en 2022, continúa en funcionamiento mediante ampliaciones administrativas. Para las comunidades, el problema rebasa la gestión de residuos: se trata de un territorio que lleva décadas absorbiendo los impactos ambientales y sanitarios de la basura metropolitana, mientras las respuestas oficiales siguen dependiendo de dictámenes y plazos.
