- Más que un combate frontal contra la droga, la decisión de Trump parece un giro estratégico para reposicionar enemigos, distraer crisis internas y reactivar viejas recetas de fuerza
MÉXICO.- En la Casa Blanca, entre medallas, uniformes y discursos de trinchera, Donald Trump dio un paso que no es sólo semántico, sino profundamente político: nombró al fentanilo como un arma de destrucción masiva. No fue un desliz retórico. Fue una decisión formal, firmada vía orden ejecutiva, con consecuencias legales, diplomáticas y militares que rebasan por mucho el combate al narcotráfico.
El escenario no fue casual. Frente a mandos militares, la DEA, el Comando Norte y el llamado “zar fronterizo”, el presidente estadounidense habló de drogas como si hablara de misiles, y de cárteles como si fueran ejércitos enemigos. En su narrativa, el fentanilo no es sólo una crisis de salud pública: es una amenaza bélica, un instrumento de guerra que —según sus palabras— busca “matar a estadunidenses”.
La clasificación no es menor. En el lenguaje del poder estadounidense, las armas de destrucción masiva justifican estados de excepción, acciones extraterritoriales, sanciones severas y, en el extremo, intervenciones militares. Al colocar al fentanilo en esa categoría, Trump no sólo endurece el discurso: abre la puerta a una militarización aún mayor del problema, dentro y fuera de su territorio.
Aunque México no aparece explícitamente en el documento, el mensaje apunta al sur. Trump insistió en que la frontera suroeste está “bajo control de los cárteles” y volvió a deslizar la posibilidad de atacar a narcotraficantes “por tierra” en otros países. El señalamiento, una vez más, mezcla drogas, migración y seguridad nacional en una misma ecuación explosiva.
La paradoja es evidente. Mientras Trump habla de entre 200 mil y 300 mil muertes anuales, las cifras oficiales de Estados Unidos reconocen entre 70 mil y 80 mil fallecimientos por sobredosis. La exageración no es inocente: magnificar la amenaza permite justificar medidas extraordinarias, incluso cuando los datos no acompañan el relato.
Desde México, la respuesta fue cautelosa. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analizará a fondo las implicaciones legales y políticas de esta designación, subrayando dos alertas centrales: primero, que el fentanilo tiene usos médicos legítimos como anestésico, y segundo, que el problema del consumo no se resuelve sólo con castigo y fuerza.
“Si no se atienden las causas, será fentanilo u otra droga”, advirtió. Salud mental, descomposición social, falta de oportunidades y abandono comunitario siguen fuera del radar del discurso bélico de Washington. Nombrar a la droga como arma puede servir para endurecer fronteras, pero no cura adicciones ni reconstruye tejidos sociales rotos.
El trasfondo es claro: convertir al fentanilo en arma de destrucción masiva redefine el problema como uno de guerra, no de salud pública. Y cuando un fenómeno se nombra como guerra, las soluciones suelen ser militares, no humanas. En ese terreno, la soberanía, la cooperación internacional y los derechos humanos quedan en una zona gris peligrosa.
Más que un combate frontal contra la droga, la decisión de Trump parece un giro estratégico para reposicionar enemigos, distraer crisis internas y reactivar viejas recetas de fuerza. El riesgo es que, en ese juego, las víctimas sigan siendo las mismas: comunidades, usuarios, países enteros convertidos en campos de batalla retóricos y reales.
