En esta oportunidad seguiremos revisando cómo algunos gobiernos estatales han construido vivienda social en Puebla y los conflictos derivados de ciertas acciones al respecto.
Ya señalamos que, desde su creación en 1996, el Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) llevó a cabo la adquisición de suelo, la construcción de vivienda y la entrega de la misma en el estado, durante su existencia hasta 2011. Con el inicio del gobierno de Rafael Moreno Valle, el IPV se convirtió en la Comisión de Vivienda del Estado de Puebla (COVEP), que finalmente se extinguió apenas un año después. Por desgracia, hacia finales de 2012 se creó un pequeño y muy limitado organismo, el Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla (Firevep), el cual sólo cambió de nombre en 2017, con la denominación de Comisión Estatal de Vivienda de Puebla (CEVP).
Regresemos a señalar algunos procedimientos puestos en práctica por el IPV en su momento. Ese Instituto contaba con un presupuesto suficiente para la compra de suelo en diversos municipios del estado; sin embargo, la reserva territorial en ocasiones no era apta para el desarrollo del objeto del organismo, es decir, para la construcción de vivienda social. Tal es el caso de un predio en Ciudad Serdán, municipio de Chalchicomula de Sesma, de casi 6 hectáreas, comprado en 2003 y en el cual, si bien se construyeron viviendas en la mitad de la superficie, el resto está ocupado por los restos del casco de una hacienda (Santa Ana) catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por haber sido construida en los siglos XVIII o XIX. Que el IPV sumara a su reserva territorial cerca de 3 hectáreas ocupadas por un inmueble histórico, donde no es posible construir viviendas (lo cual, recordemos, era su objetivo), resulta contundentemente indebido.
Vestigios de la Exhacienda Santa Ana
Asimismo, en el IPV se llevaron a cabo procesos administrativos inadecuados: donaciones o daciones en pago de fracciones de terrenos a entes privados y públicos sin cumplir con la normatividad; venta de predios aparentemente sin justificación, poco tiempo después de ser recién adquiridos; compra de predios sin vocación habitacional (como uno en San Andrés Cholula); adquisición de predios sumamente pequeños, pero en los cuales se construyó una cantidad de viviendas que no correspondía (por ejemplo, un predio en Jonotla de 219 metros cuadrados para desarrollar 10 viviendas afectadas por lluvias, ¿cada una de 21 metros cuadrados?), o, por el contrario, la incorporación de suelo en dimensiones mucho mayores a la construcción de unas pocas viviendas (el caso de un terreno de 8,652 metros cuadrados en el municipio de Aquixtla para erigir 6 viviendas —1,442 metros cuadrados por vivienda— o el de un polígono en Tetela de Ocampo comprado para la construcción de 30 viviendas en una superficie de 32,760 metros cuadrados —1,092 metros cuadrados por vivienda—). También hubo compra de terrenos que permanecieron baldíos durante años y que hoy han sido ocupados por asentamientos informales (como en Huejotzingo, imagen adjunta), constituyendo un conflicto a resolver.
Pero no todo lo que podemos discutir es el actuar del IPV; hablemos de los años 2016 y 2017, así como de la vivienda que construyó la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Consideremos el desarrollo denominado “Fraccionamiento Plácido Domingo” en la comunidad de Cuautlita, municipio de Huauchinango. Los días 5 y 6 de agosto de 2016, la tormenta tropical “Earl” afectó varios municipios de la Sierra Norte de Puebla, con un lamentable saldo de al menos 35 personas fallecidas y más de 300 viviendas dañadas total o parcialmente.
Mediante los recursos federales del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), recursos estatales y otros, se decidió construir un desarrollo de 236 viviendas en régimen de condominio horizontal en Cuautlita, en un predio de poco más de 20 mil metros cuadrados adquirido por el Ayuntamiento de Huauchinango por casi 21 millones de pesos en 2017, ocupando cada vivienda 41 metros cuadrados. El diseño arquitectónico y urbanístico fue penoso, sin todos los servicios públicos disponibles y contraviniendo las normas ambientales y urbanas del sitio, ya que se localiza dentro de la “Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, correspondiente a un Área Natural Protegida Federal. Como mencionábamos, el fraccionamiento se construyó sin los permisos ni autorizaciones correspondientes —municipales, estatales o federales—, lo que implica la comisión de delitos de orden federal. Si el reconocido cantante Plácido Domingo supiera esto, seguramente no habría puesto su nombre en prenda por Puebla, en estas condiciones.
Fraccionamiento “Plácido Domingo”
Para concluir, es importante recordar que casi todos los desarrollos de vivienda de los que hemos hablado en la primera y segunda parte aún no cuentan con certeza jurídica ni incorporación al desarrollo urbano de sus municipios. Sus beneficiarios siguen esperando la escritura de propiedad, y los ayuntamientos aún no reconocen estas viviendas como parte de sus ciudades. En términos simples, décadas después de su construcción, se trata de asentamientos informales. Paradójicamente, la propia autoridad estatal se convirtió en desarrollador irregular, la misma figura que está obligada a combatir, afectando de manera directa a miles de familias poblanas desprotegidas. Lamentable.
Assenet Lavalle
