Cada año crece la demanda habitacional para la población de menores ingresos; cada vez más personas se dedican a actividades económicas informales (y, por lo tanto, carecen de medios de acceso inmobiliario); cada vez se reconoce más la necesidad de vivienda digna y con criterios de calidad; y cada sexenio los gobiernos cambian la política para el sector. Para plantear acciones presentes, conviene revisar cómo se construía la vivienda en el pasado en Puebla.
En 1954 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda en el ámbito federal. Esta entidad se transformó en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Rural (INDECO) en 1970. Para 1981, el INDECO desapareció y se impulsó la creación de organismos estatales dedicados a la construcción de vivienda social. Así, en Puebla surgió la Inmobiliaria del Estado, que más tarde se fortaleció y se convirtió en el Instituto Poblano de la Vivienda Popular hacia 1991. Sin embargo, fue en 1996 cuando cambió su denominación a Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), etapa en la que realmente se consolidaron su estructura, presupuesto y número de acciones ejecutadas.
Este organismo adquirió una importante reserva territorial en distintas regiones del estado, construyó vivienda y la otorgó a numerosos beneficiarios mediante el conocido esquema de ahorro, subsidio y crédito, además de atender a personas que perdieron su casa y bienes durante eventos catastróficos, especialmente meteorológicos. Hasta este punto, puede afirmarse que se trataba de una política estatal interesante; sin embargo, también existía una problemática compleja que debe señalarse.
Hay evidencia de irregularidades en múltiples acciones ejecutadas por el IPV durante las décadas de 1990 y 2000, que afectaron no solo a las personas beneficiarias, sino también a los lugares donde se construyeron las “soluciones habitacionales”, es decir, a los núcleos urbanos y, en su caso, a la propia administración pública estatal (con afectaciones al erario y negligencias en el desempeño de funciones).
Una cantidad importante de viviendas fue construida en zonas de riesgo, como laderas de cerros o barrancas, especialmente en municipios de la Sierra Norte. Algunas acciones se ejecutaron en terrenos con uso de suelo de protección ambiental (áreas protegidas o de valor ecológico), y otras en sitios inaccesibles, sin caminos adecuados ni redes de servicios públicos. Cabe señalar que estos terrenos eran, en muchos casos, adquiridos por el propio IPV.
Existieron programas como el “Programa Emergente de Lluvias 99” y el “Programa de Lluvias Atípicas 2003”, mediante los cuales se aplicaron importantes recursos públicos. Pero al tratarse de programas para personas afectadas por fenómenos naturales, los damnificados sufrían una doble pérdida debido a la deficiente actuación del IPV.
Ejemplo de ello son el predio La Cruz y el predio La Peña, en el municipio de Tlapacoya, Sierra Norte de Puebla. En el primero se construyeron 28 viviendas (“de las cuales solo cinco o seis se encuentran habitadas”) y en el segundo, siete, ninguna de ellas habitada, según un reporte institucional elaborado entre 2005 y 2009. Dicho documento señala que las viviendas “sufren filtración de losas, drenajes obstruidos, calles sin definir, pozos de visita mal construidos, etcétera”. Con el paso de los años, las casas fueron vandalizadas o desmanteladas: dinero público tirado a la basura.
Otro caso es el del predio Chicalotlale, en la comunidad de Necaxaltépetl, municipio de Juan Galindo, donde se proyectaron 37 viviendas para damnificados de las lluvias de 1999. La “solución” del Instituto fue elegir un predio sin vialidades de acceso, con topografía irregular y sin servicios básicos (agua potable, drenaje, electricidad). Como puede observarse, se trató de una pésima decisión que volvió a colocar en riesgo a quienes ya habían perdido su hogar, fomentó la irregularidad urbanística y terminó en abandono y robo de materiales.
A todas luces, fue una indebida acción de gobierno.
En otra entrega continuaremos revisando cómo se hacía vivienda social en Puebla en gobiernos pasados recientes.
