En el marco del Día Mundial del Turismo, celebrado el 27 de septiembre, resulta preocupante leer el anuncio de la Secretaría de Turismo sobre la creación de categorías para los Pueblos Mágicos (A, AA y AAA). Lo anterior ha generado un debate que no debe ser trivializado. En apariencia, se trata de una medida orientada a transparentar la calidad de los servicios turísticos y facilitar al visitante la elección de un destino acorde con sus expectativas. Sin embargo, al mirar con mayor detenimiento emerge una problemática de fondo: la fragmentación simbólica y social de las comunidades que integran este programa, que hasta ahora había funcionado como un paraguas común de reconocimiento, más allá de las diferencias en infraestructura o inversión pública.
El riesgo principal de la medida es que la magia se convierta en una etiqueta jerarquizada. Lo que originalmente nació para resaltar el valor cultural, histórico y comunitario de localidades fuera del circuito masivo, ahora corre el peligro de ser interpretado bajo lógicas mercantiles que reproducen esquemas de exclusión. Un Pueblo Mágico “AAA” difícilmente será visto de la misma manera que uno en la categoría más baja. En términos prácticos, esto se traduce en destinos de primera y destinos de segunda, con la consecuente estigmatización para aquellos que, por limitaciones presupuestales o geográficas, no logren cumplir con estándares rígidos de modernidad turística.
La medida también plantea un dilema respecto al papel de los gobiernos locales. Los municipios con menos capacidad administrativa difícilmente podrán solventar las exigencias de planes de desarrollo turístico, reglamentos de imagen urbana o registros exhaustivos de prestadores de servicios. Paradójicamente, son estos mismos pueblos los que más dependen del turismo comunitario, artesanal y de cercanía, aquel que no siempre se mide en la lógica de “experiencia premium”, pero que aporta un profundo valor social y cultural. Si la política pública no va acompañada de recursos financieros suficientes y de un acompañamiento real, se consolidará un círculo vicioso: los municipios pobres quedarán atrapados en su categoría, reproduciendo desigualdades en lugar de mitigarlas.
Otro aspecto cuestionable es la lógica tecnocrática que se impone sobre realidades territoriales complejas. Clasificar con letras la diversidad cultural de México supone reducir la riqueza de los pueblos a un ranking simplista, cuando lo que debería ponderarse es la autenticidad, la identidad comunitaria y la capacidad de los habitantes para mantener vivas sus tradiciones en un mundo cada vez más homogeneizado. La magia, en este sentido, no reside únicamente en la cantidad de hoteles, en la conectividad digital o en la infraestructura urbana, sino en la hospitalidad de la gente, en sus prácticas rituales y en su memoria histórica. Elementos que difícilmente pueden encapsularse en un criterio burocrático.
La narrativa oficial sostiene que esta clasificación busca dar mayor certidumbre al turista y fortalecer la marca “Pueblos Mágicos” en el mercado internacional. Sin embargo, conviene preguntarse a quién beneficia realmente esta operación discursiva. ¿Al visitante que compara servicios como si se tratara de estrellas hoteleras? ¿A las grandes cadenas turísticas que encontrarán más sencillo invertir en los pueblos “AAA”? ¿O a las propias comunidades, que podrían ver desplazados sus intereses frente a una lógica competitiva que privilegia la rentabilidad sobre la cohesión social?
Si el Estado mexicano desea modernizar el programa, debería hacerlo bajo una visión de equidad territorial y justicia social. La prioridad tendría que estar en fortalecer las capacidades locales, invertir en infraestructura básica, garantizar conectividad y apoyar el turismo comunitario, sin caer en la tentación de etiquetar con jerarquías que dividen más de lo que unen. La magia, por definición, no admite escalas ni categorías: se vive o no se vive, y surge de la experiencia humana compartida. Convertirla en un ranking corre el riesgo de despojar a los pueblos de lo que precisamente los hacía singulares: su capacidad de generar sentido de pertenencia más allá de cualquier clasificación burocrática.
En última instancia, el reto consiste en no olvidar que el turismo no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Si la nueva categorización no coloca al habitante local en el centro de la política, será difícil sostener el discurso de que el programa impulsa el desarrollo. México no necesita pueblos mágicos “de lujo” frente a otros “rezagados”, sino territorios cohesionados, donde la magia se conserve como un bien común y no como un producto segmentado para el consumo diferenciado.
