PUEBLA, Puebla.- En México, el embarazo adolescente sigue siendo tratado como un número que debe reducirse, no como una consecuencia de violencias estructurales. Así lo denuncia Regina Tamariz Sánchez, estudiante de Ciencias Políticas e Innovación Democrática de la IBERO Puebla, quien obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Tesis de la AMECIP con su investigación Madres jóvenes, políticas ancestrales.
Con un enfoque feminista y de derechos humanos, Regina analiza la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, evidenciando que, desde su creación en 2014, se ha limitado a administrar cifras sin atender las raíces del problema: pobreza, abandono escolar, violencias obstétrica, sexual y psicológica.
En 2023, Puebla ocupó el segundo lugar nacional en embarazo adolescente y el tercero en embarazo infantil, según el IDHIE de la Universidad Jesuita. Cifras que confirman la urgencia de políticas integrales que reconozcan la diversidad de maternidades y que garanticen la autonomía corporal de niñas y adolescentes.
“Es una política encaminada solo a reducir una cifra y no a atender las causas estructurales”, sostiene Regina. Su crítica cobra más fuerza tras casos como el de febrero de 2024, cuando un juez absolvió a un presunto agresor sexual porque su víctima, una niña de cuatro años, no pudo recordar la hora ni el lugar de la agresión. Una sentencia que desnudó la crueldad del sistema judicial frente a las infancias violentadas.
Para Regina, es urgente un viraje: estrategias conscientes, diversas, plurales y sensibles a las violencias, que permitan a las adolescencias recuperar la autonomía sobre sus cuerpos. Hoy, desde el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, donde realiza sus prácticas profesionales, su objetivo es claro: defender la dignidad, las libertades y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
