MÉXICO.- Dos agentes de la Policía de Investigación de Hidalgo fueron secuestrados, torturados y asesinados con brutalidad dentro de una vivienda vinculada a una secta luciferina en Pachuca. Durante al menos 15 horas, Paulino Castañeda Aguilar, de 53 años, y Vicente Monroy Ballesteros, de 63, fueron víctimas de un acto de violencia atroz del que no salieron con vida. Ambos habían acudido a entregar una notificación por violencia familiar a favor de una adolescente, sin saber que se dirigían a la llamada capilla del Angelito Negro 666, ubicada en la colonia La Loma.
La reconstrucción del caso —presentada por Áxel Chávez para el medio Lado B— revela que los agentes fueron emboscados el 5 de julio de 2025 y sometidos a una sesión prolongada de golpes, cortes y vejaciones, presenciadas por figuras religiosas como Malverde y un altar satánico. Los agresores, entre ellos Víctor C. A., conocido como “el Padrino”, grabaron la tortura con teléfonos celulares. A los agentes se les despojó de sus armas y fueron sometidos hasta la madrugada del día siguiente.
Ambos fueron localizados con vida, aunque en estado crítico. Paulino fue llevado a un hospital privado donde pasó por cirugía de emergencia debido a una hemorragia interna, pero falleció el 7 de julio a las 12:45 horas. Vicente murió antes, víctima de un trauma múltiple por golpes. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo ese mismo día a cuatro presuntos agresores: tres hombres y una mujer, todos con vínculos a la secta. En días posteriores se arrestó a dos más.
Omisiones, negligencias y un operativo tardío
El caso ha evidenciado graves omisiones institucionales. Según las esposas de las víctimas, las autoridades no actuaron con la prontitud necesaria pese a que los agentes no se reportaron tras la última comunicación hecha a las 15:30 del sábado 5 de julio. Fue hasta las 6:23 de la mañana del domingo cuando se realizó el operativo de rescate.
La comandante Patricia Moya, superior jerárquica de los agentes, fue separada de su cargo tras los hechos. Según su propia declaración ministerial, fue Paulino quien le informó que saldría a entregar la notificación, y aunque ella dijo que no debía ir solo, lo acompañó Vicente Monroy, quien ya no tenía funciones operativas debido a que estaba por jubilarse. Moya asegura que reportó la desaparición a sus superiores esa misma noche, pero las familias cuestionan la versión y la acusan de abandono.
“Ella fue la responsable de todo”, dijo Aurora Zamudio, viuda de Monroy, tras una reunión con autoridades estatales. La investigación muestra que los agentes nunca salieron del inmueble donde fueron atacados, por lo que se desconoce en qué consistió la supuesta “búsqueda” mencionada por Moya.
Tortura documentada y desatención médica
La investigación médica confirma la brutalidad. Paulino tenía múltiples fracturas, lesiones internas y cortes en la espalda, rostro y abdomen. Vicente presentaba heridas similares, además de una lesión circular en la frente, señales de una tortura prolongada.
Los agresores, según testigos y el testimonio del propio Paulino antes de morir, bebían alcohol entre las sesiones de tortura, se turnaban para golpear y forzaron a los agentes a beber también. La escena, según Lado B, estaba rodeada de elementos religiosos sincréticos, veladoras y estatuas en un entorno que combinaba culto, violencia y crimen organizado.
Además del secuestro agravado, a los detenidos se les imputa narcomenudeo y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. En el cateo del inmueble se encontraron restos de sangre, armas punzocortantes, objetos rituales, además de drogas, documentos y pertenencias de las víctimas. También fueron halladas evidencias de que intentaron limpiar la escena del crimen.
Exigen justicia
Las familias de los agentes exigen que se esclarezca la cadena de mando y las omisiones que facilitaron los asesinatos. Tanto Yoris, esposa de Paulino, como Aurora, esposa de Vicente, han señalado las condiciones laborales precarias en las que sus esposos trabajaban: sin descansos, con largas jornadas y sin protocolos de seguridad adecuados.
La PGJEH ha informado que continúa con las investigaciones y que se ha abierto una carpeta contra los implicados en la tortura y homicidio de los agentes. Mientras tanto, el caso sigue generando indignación dentro y fuera de la corporación, que despidió a los dos elementos con honores.
Este caso, documentado a fondo por el periodista Áxel Chávez para Lado B, no sólo revela una historia de horror, sino también el abandono institucional en el que operan muchos agentes en el país. Las familias han dejado claro que no descansarán hasta que haya justicia plena.
Nota: Esta información se basa en la investigación especial publicada por Lado B el 4 de agosto de 2025. Crédito a Áxel Chávez por la cobertura.
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