- Ceci Patricia Flores Armenta y Milagros de Jesús Valenzuela Flores se convierten en las primeras familiares de personas desaparecidas en obtener una certificación oficial en México. El logro visibiliza un conocimiento forjado en la tierra, la fosa y el abandono estatal, pero abre la interrogante: ¿por qué las familias deben profesionalizar lo que le corresponde al Estado?
MÉXICO.— En un país con un registro que supera las 100 mil personas desaparecidas, las herramientas de la justicia no siempre provienen de las fiscalías o de los laboratorios forenses institucionales; la mayoría de las veces se diseñan bajo el rayo del sol, rascando la tierra con varillas y palas. Como un hito inédito en la historia de la crisis humanitaria mexicana, Ceci Patricia Flores Armenta y Milagros de Jesús Valenzuela Flores recibieron la primera certificación oficial que avala sus competencias en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, transformando formalmente el dolor empírico en un saber técnico y metodológico.
Las emblemáticas activistas, integrantes fundadoras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acreditaron de manera formal los estándares de evaluación que exige el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). El documento no es un simple papel de carácter administrativo; representa la primera ocasión en que el Estado mexicano se ve obligado a reconocer que los ciudadanos, impulsados por la ausencia de sus seres queridos, han tenido que desarrollar una especialización técnica que las autoridades frecuentemente simulan u omiten en el campo.
El estándar EC1542: La institucionalización del saber civil
El proceso de evaluación se rigió bajo el Estándar de Competencia EC1542, denominado de forma explícita “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”. Esta norma técnica mide los conocimientos prácticos, las metodologías de prospección en campo, el manejo de herramientas geológicas básicas, el análisis de contexto y los protocolos de preservación de hallazgos para no contaminar las escenas forenses.
El trayecto hacia la suficiencia técnica contó con un andamiaje institucional y civil específico:
- Capacitación técnica: El proceso fue cobijado y respaldado por el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato (IECA), un organismo que facilitó la infraestructura institucional para el desahogo de las fases evaluativas.
- Liderazgo forense: La evaluación en campo y de conocimientos teóricos estuvo encabezada por Fernando Ramírez Mendoza, CEO de la firma especializada Forensic and Legal, quien fungió como el evaluador líder del proyecto.
- Validación de saberes: Los exámenes no pretendieron “enseñar” a buscar a quienes llevan años haciéndolo, sino encuadrar los métodos de las rastreadoras dentro de los parámetros legales y científicos exigidos para que los hallazgos tengan mayor peso en los expedientes judiciales.
Certificarse para hacer lo que el Estado elude
Aunque la entrega de la certificación fue leída como un triunfo de la persistencia civil y un paso hacia la dignificación del trabajo de las familias, la formalización de estas competencias también reactiva un debate profundo en la agenda política y cultural del México contemporáneo. Las propias galardonadas e investigadores del fenómeno de la desaparición forzada han puesto el acento en una contradicción estructural: las familias se profesionalizan para llenar los vacíos de un aparato gubernamental rebasado.
Al respecto, los colectivos han sido enfáticos en señalar que la obtención de estas cédulas del estándar CONOCER bajo ninguna circunstancia busca sustituir, convalidar o liberar al Estado de sus obligaciones constitucionales en la investigación y localización de los ausentes. Lejos de ser un relevo de responsabilidades, la certificación dota a las buscadoras de un blindaje metodológico para exigir que las comisiones locales y las fiscalías respeten sus hallazgos, no destruyan evidencias y sigan cadenas de custodia estrictas.
La acreditación de Ceci Flores y Milagros Valenzuela sienta un precedente jurídico y organizativo para los cientos de colectivos que recorren el territorio nacional. En adelante, el saber comunitario del calzado gastado y la varilla que huele a muerte deja de ser visto como una reacción meramente intuitiva, convirtiéndose formalmente en una disciplina técnica avalada por el propio sistema educativo de la nación.
