- Comunidades y colectivos socioambientales denunciaron contaminación, proyectos de infraestructura, presión inmobiliaria y falta de consulta en la región Puebla-Tlaxcala. Exigen frenar obras que, aseguran, amenazan el agua, los espacios comunitarios y la vida.
PUEBLA.- El territorio, dicen, no termina donde comienza un municipio ni entiende de fronteras administrativas. Por eso, desde Guadalupe Ixcotla, en Chiautempan, Tlaxcala, comunidades y colectivos de Puebla y Tlaxcala volvieron a poner sobre la mesa la disputa sobre quién decide sobre la tierra, el agua y el futuro de los pueblos.
En un pronunciamiento fechado el 22 de agosto, organizaciones denunciaron que la región se ha convertido en una “zona de sacrificio” a consecuencia de un modelo económico que, sostienen, privilegia la ganancia sobre la vida. Señalaron como punto de quiebre la instalación de Pemex y Volkswagen entre 1962 y 1965 y el posterior crecimiento de cadenas industriales asociado al TLCAN y al actual T-MEC.
El reclamo tiene como telón de fondo la Cuenca del Alto Atoyac, donde, de acuerdo con los datos citados por los colectivos, existen 22 mil 235 empresas manufactureras y se han identificado al menos 112 contaminantes en los ríos Atoyac y Zahuapan, mientras la norma correspondiente regula apenas 22 sustancias y parámetros. El documento vincula esta crisis ambiental con afectaciones a derechos como la vida, la salud, la alimentación y el acceso a la información.
La dimensión sanitaria es uno de los puntos más graves del pronunciamiento. Según cifras del INEGI analizadas por el maestro Samuel Rosado Zaidi y citadas por las organizaciones, entre 2015 y 2019 murieron en la cuenca 17 mil 589 personas por distintos tipos de cáncer; al sumar defunciones por abortos espontáneos e insuficiencia renal, sostienen, la frecuencia alcanza una muerte cada 2.5 horas.
Una lista de conflictos que crece
Pero la disputa no se reduce a la contaminación de los ríos. Las comunidades enumeraron una serie de proyectos y problemas que, desde su perspectiva, profundizan la presión sobre el territorio.
Entre ellos mencionaron obras como la Ciudad Administrativa y la Ciudad del Entretenimiento, el deterioro de la laguna de Acuitlapilco, la saturación de los vertederos de Nanacamilpa y Atlangatepec y los proyectos PODECIBI señalados en San Pedro Ecatepec, Tlaxcala, y San José Chiapa, Puebla.
También cuestionaron la intervención institucional en los llamados “Espacios de Cultura del Agua”, la intención de construir infraestructura del IMSS sobre campos deportivos de comunidades nahuas de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe, así como la falta de regulación frente a la tala, extracción de materiales y expansión inmobiliaria en la Matlalcuéyetl.
A esta lista se suman el proyecto de un libramiento privado en Calpulalpan, que las organizaciones consideran una amenaza para zonas agrícolas, biodiversidad y recarga de agua, y los programas de ordenamiento territorial que, denuncian, avanzan sin una consulta ciudadana que sea real y vinculante.
El conflicto, aseguran, no ocurre únicamente sobre el terreno. También se libra en las asambleas y en las instituciones. El pronunciamiento acusa falta de transparencia, división comunitaria, manipulación de asambleas, criminalización de la protesta, campañas de descalificación, encarcelamiento y presencia policial en comunidades que se oponen a determinados proyectos.
El territorio como decisión colectiva
Frente a este escenario, los colectivos plantearon 17 demandas a los gobiernos federal, estatales y municipales. Entre ellas están detener lo que califican como simulación del saneamiento de las cuencas, obligar a las industrias a tratar sus aguas residuales, activar las plantas municipales de tratamiento y desarrollar programas comunitarios para el manejo de residuos.
También exigieron cancelar proyectos como PODECIBI, Ciudad de la Juventud y el Libramiento Calpulalpan; proteger la Laguna de Acuitlapilco; respetar las decisiones de las comunidades nahuas sobre sus campos deportivos y garantizar que los núcleos agrarios sean reconocidos como dueños y poseedores de su riqueza biocultural.
La lista incluye además detener la criminalización y represión contra defensores del territorio, retirar la presencia policial de comunidades donde existen conflictos por proyectos y construir políticas para Puebla y Tlaxcala desde una perspectiva que supere las fronteras administrativas. “Las cuencas no reconocen estas fronteras”, sostienen.
Al final, el pronunciamiento abandona el lenguaje técnico y vuelve a la memoria: las comunidades dicen querer recuperar un territorio donde puedan volver a escucharse las aves, los coyotes y donde regresen especies como los acociles, ajolotes y peces.
No quieren ser consideradas zonas de sacrificio, afirman. Quieren que las decisiones sobre la tierra vuelvan a pasar por quienes la habitan.
