- Organizaciones y comunidades advierten que el Plan de Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac es insuficiente y omite la raíz del problema: la toxicidad industrial. En su informe anual, el Centro Fray Julián Garcés exige una política integral con justicia socioambiental y alerta también sobre la persistencia de la trata de mujeres en Tlaxcala.
PUEBLA.- Hay territorios donde el agua dejó de ser promesa y se volvió advertencia, como la Cuenca del Alto Atoyac, donde los ríos arrastran, además de residuos, décadas de omisiones. Es en ese escenario donde, alrededor de 200 personas —entre comunidades, organizaciones, academia e Iglesia— se reunieron para escuchar el XXIV informe del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), una radiografía incómoda de lo que ocurre cuando la política pública no alcanza.
El documento, titulado Esperanza desde lo local frente al contexto global, no se limita a enumerar agravios, sino que traza una línea clara entre la devastación socioambiental y la falta de regulación efectiva sobre la industria. Marisol Flores García, directora del CFJG, dijo que las acciones actuales no sólo son insuficientes, sino que pueden profundizar el problema al permitir la expansión industrial sin controles adecuados.
Indicó que el Plan de Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac, impulsado desde el ámbito federal y estatal, ha privilegiado la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. Pero, como advierten organizaciones y científicos, estas infraestructuras no están diseñadas para contener la toxicidad industrial que se vierte en los ríos Atoyac y Zahuapan; es decir, se limpia la superficie mientras la raíz del problema sigue intacta.
A ello se suma una estrategia que, en nombre de la intervención, expone a las comunidades. Las jornadas de limpieza en las riberas, documentadas por especialistas como el Dr. Rodolfo Omar Arellano Aguilar, implican riesgos al poner a la población en contacto directo con sustancias peligrosas. La paradoja es que quienes padecen la contaminación son también quienes quedan más expuestos a ella.
El informe también desmonta discursos oficiales, pues mientras instancias como la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento minimizan la toxicidad del río Zahuapan, investigaciones científicas —como el informe estratégico del Conahcyt de 2023— han documentado la presencia de metales pesados como arsénico, plomo, cobre y níquel.
En este contexto, las organizaciones insisten en que cualquier política pública debe construirse con las comunidades y con la ciencia acumulada durante décadas. No se trata sólo de saneamiento, afirman, sino de justicia socioambiental. La reciente visita del relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, reforzó esta lectura al señalar que la región arrastra pasivos ambientales producto de un abandono histórico del Estado.
Si algo deja claro este informe es que la disputa no es sólo por el agua o el territorio, sino por la posibilidad misma de un futuro habitable.
