MÉXICO.- Previo a la discusión sobre posibles actos de inconstitucionalidad en contra de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), promovida durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, un nutrido grupo de personas científicas, investigadoras y activistas del derecho humano a la ciencia presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para fortalecer los argumentos del proyecto que la ministra ponente Sara Irene Herrerías debatirá en la sesión del pleno.
Este martes 24 de marzo, la ministra Sara Irene Herrerías presentará un proyecto en el que reconoce la validez constitucional de la Ley General en materia de HCTI y, con ello, confirma el compromiso del Estado mexicano con el derecho humano a la ciencia.
El amicus curiae, presentado por personas independientes dedicadas a las HCTI, busca aportar elementos técnicos, constitucionales e institucionales relevantes para la resolución, dado que la Corte no solo resolverá una controversia jurídica, sino que delineará el alcance del derecho humano a acceder a los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones en el país, así como la estabilidad institucional del sistema nacional de HCTI.
“La controversia que hoy ocupa a este Tribunal no es una disputa sectorial entre investigadores públicos y privados. Es una discusión de mayor calado: determinar si el Congreso de la Unión puede, en ejercicio de la competencia expresa que le otorga la Constitución, rediseñar el modelo institucional de la política de HCTI nacional sin vulnerar el principio de igualdad”, cita el documento enviado a la Corte.
Entre los aportes, se destaca uno de los puntos más controversiales: el estímulo del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), que cuenta con reconocimiento legislativo formal tras más de cuatro décadas de existencia.
En este punto, algunas personas investigadoras han interpuesto amparos respecto a la disposición de que los recursos públicos asignados a personas reconocidas en el SNII deben destinarse primordialmente a instituciones públicas. Aunque se acusa exclusión, esto es falso, dado que las y los investigadores de instituciones privadas sí pueden acceder a estos beneficios mediante convenios establecidos.
La administración federal argumenta que el SNII debe fortalecer las capacidades públicas y no financiar con recursos públicos a instituciones privadas, muchas de ellas con fines de lucro y matrículas elevadas.
En contraposición, las personas amparadas sostienen que esta medida es discriminatoria, pues rompe con el ecosistema de investigación y afecta a más de mil 600 investigadores de centros privados que realizan investigación de alto nivel en el país.
En este sentido, el amicus curiae señala: “La reforma al SNII no elimina el acceso al sistema para investigadores adscritos a instituciones privadas, ni les impide participar en convocatorias, ni suprime el reconocimiento académico derivado de la evaluación por mérito. El acceso al derecho humano a la ciencia —entendido como pertenencia al sistema y participación en sus mecanismos de evaluación y reconocimiento— permanece incólume. La modificación normativa introduce un esquema de corresponsabilidad financiera congruente con la naturaleza jurídica de las instituciones privadas, sin excluirlas del diseño institucional”.
Y agrega: “En el nuevo modelo, los investigadores del sector privado cuentan con dos vías claras para acceder a los estímulos económicos: mediante la celebración de convenios de corresponsabilidad suscritos por sus instituciones de adscripción, conforme a las reglas establecidas por la ley, o bien desarrollando actividades de investigación en organismos públicos que formen parte del sistema científico nacional”.
La reforma, por tanto, no establece una exclusión, sino un ajuste en las condiciones de financiamiento, compatible con la racionalidad presupuestaria y con la función pública que orienta al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.
