MÉXICO.- México debe retomar el liderazgo en la región de América Latina para buscar soluciones urgentes al problema de la movilidad forzada y la protección de personas desplazadas y refugiadas, afirmó el representante en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri.
Durante el “Primer Congreso Internacional sobre la Movilidad Forzada en América Latina y el Caribe. Avances, oportunidades y retos para la protección internacional en contextos de crisis prolongadas y acumuladas” subrayó: México ha sido una nación que siempre se ha caracterizado por sus tareas de coordinación, asistencia y acompañamiento en los procesos multilaterales para atender el desplazamiento forzado en esta región.
Consideró que a partir de esta actividad académica, organizada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, en colaboración con ACNUR, se puede retomar una agenda para recoger la opinión de los actores relacionados con el tópico incluidos gobiernos, academia, organizaciones civiles, pero sobre todo incluir a las personas refugiadas y desplazadas, cuya voz ha sido excluida de estas discusiones; es decir, que tengan un espacio para que definan sus prioridades y propuestas para su protección.
Giovanni Lepri enfatizó que, en los últimos años, la movilidad forzada en esta región se ha ubicado como un grave problema que ha crecido de manera preocupante, de tal forma que hoy, de la población total en movilidad forzada, desplazada o refugiada en el mundo, 20 por ciento se encuentra en las américas, por lo que los desafíos son muy importantes.
Apuntó que para ACNUR uno de los ejes principales que se debe promover en los foros, planes y declaraciones, es la protección y la asistencia como punto nodal de cualquier estrategia.
Es fundamental, abundó, profundizar en un tema complejo y actual que tiene que ver con el desplazamiento causado por el cambio climático y cuál es el nexo con los desastres naturales y la necesidad de aplicar la protección internacional.
Al hacer uso de la palabra, el director del CIALC, Rubén Ruiz Guerra, comentó que problemáticas tan serias como las que enfrenta la región requieren de un trabajo tenaz y permanente en donde el diálogo académico tiene que articularse con lo social y lo político.
“La academia sin impacto social, sin connotaciones políticas, me parece que es una academia hueca, y la acción social, la acción política, apoyada con la academia pueden tener mayores y mejores logros”, dijo.
Insistió en que desde estos espacios de reflexión universitaria se deben articular y sumar acciones conjuntas entre la academia y el trabajo social, para lograr impacto más significativo en la atención a ese sector vulnerable de la población el cual, además de apoyo, está realmente necesitado de comprensión.
En su oportunidad, la directora del Programa Asylum Access México, María Angélica Montesinos, mencionó la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil para atender esta problemática, hacer realidad el respeto a las garantías individuales de las personas refugiadas, y para ello es indispensable el compromiso y los esfuerzos compartidos de organizaciones aliadas, organismos internacionales, instituciones y la academia.
Nuestra misión, expuso, es fortalecer los sistemas de protección nacional para que se garanticen los derechos y se respeten los compromisos internacionales a favor de quienes soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado, protección complementaria, apátridas y desplazadas internas.
Eva Leticia Orduña, investigadora del CIALC y organizadora del Congreso, comentó que el tema de la movilidad forzada reclama que organizaciones, academia e instituciones establezcan mejor coordinación para analizar con mayor seriedad y profundidad los desafíos que plantea este fenómeno.
