PUEBLA, MÉXICO.- A casi cumplirse un año de que el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Publicidad Oficial, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Puebla no se cuenta ni siquiera con una iniciativa presentada en el legislativo local para regular la contratación de propaganda gubernamental.
Fue el 25 de abril que se aprobó la citada ley en el Senado de la República, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, aunque se marcó como fecha de inicio de vigencia de la misma el 1 de enero de este año.
En el dictamen se estableció en el tercer artículo transitorio: “El Congreso de la Unión, los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán armonizar su legislación, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la publicación del presente Decreto”.
Esto implica, que el Congreso de Puebla tenía hasta mediados de agosto del año pasado para hacer esta reforma; sin embargo, los integrantes de la entonces LIX Legislatura, que culminaron su período el 14 de septiembre, dejaron pasar la oportunidad.
Hay que precisar que son pocos los estados que realizaron estas reformas o que comenzaron los trabajos legislativos para homologar sus marcos normativos, destacando casos como Chihuahua y Jalisco, que presentaron iniciativas a las pocas semanas de aprobada la reforma por los senadores.
VACÍOS LEGALES
Artículo 19 y el Colectivo Medios Libres consideran que si bien la Ley General tiene deficiencias en algunos aspectos, pues deja muchos criterios a la discrecionalidad de los funcionarios públicos, esto se puede solventar con las reformas que se hagan a nivel local.
Un primer paso, pero que sigue considerado como insuficiente, fue la publicación de los lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019 por parte de la Secretaría de Gobernación federal.
Estos lineamientos son complementarios de la Ley General, y aunque son de aplicación exclusiva para las dependencias del gobierno federal pueden servir de base para la asignación de pautas publicitarias a nivel local.
Entre los puntos positivos de estos lineamientos, de acuerdo con un análisis hecho por Artículo 19, está que se promueve la transparencia del ejercicio del gasto, se obliga a la generación de un programa anual para la contratación de publicidad y a que primero se agoten los tiempos oficiales antes de contratar espacios en tiempo comercial, y se fijan criterios para la elección de los medios utilizados para la difusión de mensajes gubernamentales, así como tarifas base.
¿CÓMO AFECTA?
La falta de una legislación local en materia de publicidad oficial, o al menos de lineamientos establecidos para la regulación de la contratación de espacios publicitarios ha generado que no haya uniformidad en los contratos adjudicados a medios.
Un ejemplo de esto se puede observar en el reporte de gastos en publicidad oficial reportados por el ayuntamiento de Puebla durante el último trimestre de 2018, periodo en el cual la administración de Claudia Rivera Vivanco gastó dos millones 452 mil 723 pesos.
En el reporte se indica, por ejemplo, que al periódico El Sol de Puebla se le pagaron 258 mil 833 pesos por la difusión de mensajes gubernamentales durante el mes de noviembre, dando un promedio de ocho mil 627 pesos diarios.
Para diciembre se volvió a contratar al Sol de Puebla, pero ahora por una campaña que abarcó del 6 al 31 de diciembre, por 60 mil 459 pesos, dos mil 325 pesos diarios.
Es decir, de un mes a otro la tarifa por el mismo servicio con el mismo medio varió de manera importante, lo cual se debe en gran medida a que no existe un criterio oficial a nivel estatal para la asignación de estas pautas publicitarias.
