PUEBLA, MÉXICO.- Las autoridades de San Andrés Cholula y del gobierno del estado afectaron la identidad de Santa María Tonantzintla no sólo por haber destruido elementos arquitectónicos de la plaza principal de la comunidad, sino por no reconocerles como una comunidad indígena para hacer una consulta previa para la autorización del proyecto del Barrio Smart.
Esto se desprende del informe hecho por peritos en antropología social de la Procuraduría General de la República (PGR) quienes investigaron la situación de la población como parte de los procesos jurídicos emprendidos en contra de las obras, dieron a conocer los integrantes de la Comisión de Ciudadanos de Santa María Tonantzintla.
Los reportes de los peritos fueron entregados a los jueces que llevan los cuatro juicios de amparo presentados por los pobladores para frenar las obras, en espera de que sirvan para “darle una mayor visión al juez de las afectaciones que se han causado en Santa María Tonanzintla” a raíz de este proyecto.
En concreto, los peritos observaron que el retiro o modificación de elementos arquitectónicos como el puente, la cruz, la plaza, el reloj y la iglesia afectan “el sentido de identidad de la población, toda vez que son elementos que expresan las costumbres y forma de vida de una comunidad”.
Además, se señaló que la implementación del proyecto sin consultarlos vulneró “su autonomía de pueblo indígena, la cual se rige por usos y costumbres por lo que tiene derecho a la consulta”.
Con estos pruebas buscarán que las autoridades no sólo suspendan por completo el proyecto, sino que se repare el daño hecho a la comunidad, pues la ejecución de las obras ha afectado el tejido social, comentó Juan Carlos Flores Solis, abogado de la agrupación.
Pero, agregó, cualquier acción reparatoria le corresponderá a la siguiente administración municipal, pues Leoncio Paisano Arias dejará el ayuntamiento el próximo 15 de octubre.
Sin embargo, esto podría abrir la posibilidad de que, en caso de confirmarse que hubo una actuación irregular por parte de los actuales funcionarios de la comuna, la próxima administración entrante podría abrir procedimientos administrativos en contra de los responsables, incluso el edil, para que estos hechos no queden impune.
