- Organizaciones documentaron afectaciones ambientales y sociales en el Sistema Arrecifal Veracruzano y señalaron que autoridades federales siguen sin cumplir plenamente la sentencia de 2022 que ordena su protección.
VERACRUZ, México.— Una misión civil integrada por TerraVida, AIDA y especialistas académicos presentó los resultados de una observación realizada del 1 al 4 de mayo de 2026, en la que documentó daños socioambientales asociados a la ampliación del Puerto de Veracruz, así como incumplimientos persistentes de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV).
El informe señala que, a cuatro años del fallo en el Amparo en Revisión 54/2021, las autoridades federales no han cumplido plenamente con las medidas ordenadas por la Corte, entre ellas una evaluación integral de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales del proyecto portuario, así como mecanismos efectivos de participación pública.
Daños ambientales y afectaciones comunitarias
La misión documentó erosión costera, pérdida de playas y espacios públicos, degradación de arrecifes y humedales, alteración de procesos hidrológicos y sedimentarios, además de impactos derivados de la extracción de materiales pétreos para las obras.
Las comunidades costeras también enfrentan consecuencias directas: la pesca artesanal muestra un deterioro progresivo por la disminución de especies y la pérdida de zonas de pesca; localidades como Las Barrancas reportan daños a viviendas, pérdida de territorio y mayor exposición a riesgos por el avance del mar.
Gestión tardía de la Misión Ramsar
El informe critica que las gestiones para activar la Misión Ramsar de Asesoramiento —un mecanismo internacional para proteger humedales en riesgo— se realizaron de forma tardía y sin garantizar acceso oportuno a la información ni participación efectiva de comunidades y organizaciones.
El Sistema Arrecifal Veracruzano forma parte de la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar, por lo que la SCJN ordenó gestionar este acompañamiento técnico especializado. Sin embargo, la misión concluye que el proceso se llevó a cabo con limitaciones que redujeron su potencial de protección.
Llamado urgente a autoridades federales
Las organizaciones exhortaron a SEMARNAT, SEMAR y ASIPONA Veracruz a cumplir integralmente la sentencia, realizar una evaluación ambiental completa, fortalecer la participación pública y adoptar medidas efectivas para la restauración y protección del SAV y de las comunidades que dependen de él.
Advirtieron que el incumplimiento no solo pone en riesgo uno de los ecosistemas marinos más importantes del país, sino que también debilita el Estado de derecho y la obligación de respetar decisiones judiciales en materia ambiental.
