- Al menos 25 mujeres artistas señalan al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla por la presunta filtración de sus datos personales tras denunciar acoso en un evento cultural. El caso, ya en manos del Cabildo, abre un debate urgente sobre la protección institucional en el sector cultural.
PUEBLA.- En el campo cultural, donde la palabra suele ser refugio, la denuncia se convirtió en riesgo, luego de que veinticinco mujeres artistas de Puebla acusan que su intento por garantizar un espacio seguro derivó en una exposición inesperada, pues, aseguran, sus datos personales habrían sido filtrados por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.
Los hechos se remontan a 2025, durante la organización de un evento comunitario, cuando las artistas firmaron un documento formal para solicitar que un creador —al que señalaban por presunto acoso— no coincidiera con ellas en el mismo espacio. La petición fue atendida y el artista fue retirado.
Sin embargo, lo que parecía una respuesta institucional adecuada derivó en una nueva forma de violencia, ya que el documento que contenía nombres, apellidos y otros datos de las denunciantes habría llegado a manos del señalado, quien posteriormente inició una acción legal en su contra por daño moral, exigiendo una indemnización de 300 mil pesos.
La institución bajo cuestionamiento
El caso fue llevado ante comisiones del Cabildo de Puebla, donde se planteó como una falla grave en la protección de datos personales. Desde ahí, se advirtió que las mujeres no enfrentan consecuencias por una conducta indebida, sino por haber recurrido a una vía institucional que terminó por exponerlas.
“Pidieron lo mínimo, un espacio seguro”, se subrayó durante la sesión. Hoy, en cambio, enfrentan un proceso legal que coloca en tensión el derecho a denunciar y la capacidad de las instituciones culturales para garantizar condiciones de seguridad.
Entre la defensa y la omisión
La dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla confirmó que los hechos ocurrieron y sostuvo que su actuación inicial fue en favor de las denunciantes, al excluir al artista del evento.
Sobre la presunta filtración, la institución argumentó que la información fue entregada en respuesta a un requerimiento del Poder Judicial del estado. No obstante, reconoció no tener claridad total sobre el procedimiento interno seguido para el manejo de esos datos.
La declaración abre una zona gris: entre la obligación de colaborar con autoridades judiciales y el deber de proteger información sensible, especialmente en casos vinculados a denuncias de acoso.
El apunte
En un sector que ha impulsado, en los últimos años, protocolos de género y espacios libres de violencia, la filtración de datos —intencional o no— representa una fractura de confianza. Más aún cuando las consecuencias recaen directamente sobre quienes alzaron la voz.
