- El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla advierte que la inoperancia de los servicios forenses vulnera el derecho a la búsqueda y la identificación. En el estado hay más de 2,500 cuerpos sin identificar y a nivel nacional la cifra podría rondar los 70,000.
PUEBLA, MÉXICO.- La crisis forense en México no solo es un problema técnico: es una herida abierta en materia de derechos humanos. En un país con más de 130 mil personas desaparecidas y donde diariamente mueren de forma violenta entre 54 y 91 personas, los servicios periciales están rebasados.
En ese contexto, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla presentó el análisis ¿Cómo se ve la crisis forense en Puebla?, un documento que expone las fallas estructurales del sistema forense mexicano y su impacto directo en las familias que buscan a sus seres queridos.
Shanik David George, coordinadora de Proyectos Académicos del IDHIE y coautora del informe, explicó que el estudio se construyó a partir de solicitudes de información pública, revisión del marco jurídico y testimonios de colectivos de búsqueda. El resultado: un diagnóstico que evidencia rezagos, desarticulación institucional y falta de transparencia.
“[La crisis forense] es algo que hemos estado viendo desde hace mucho tiempo, al menos desde 2006, cuando empieza la crisis de violencia”, subrayó Aranzazú Ayala Martínez, coordinadora ejecutiva del medio especializado A dónde van los desaparecidos.
Puebla: más de 2,500 cuerpos sin identificar
De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, hasta marzo de 2024 había más de 2,500 cuerpos sin identificar en instalaciones forenses del estado. La cifra cobra mayor relevancia ante el aumento sostenido de reportes de desaparición.
El informe señala que, aunque la búsqueda debe realizarse bajo la presunción de vida, el funcionamiento eficiente del Servicio Médico Forense (SEMEFO) es clave para garantizar el derecho a la verdad y a la identificación.
Sin embargo, los avances son limitados. Hasta junio de 2025 se reportó la localización de 224 cuerpos y la entrega de 100 a sus familiares. Para diciembre, se sumaron apenas 80 identificaciones adicionales y 32 entregas más, números que contrastan con la magnitud del rezago.
Pese a que Puebla cuenta con un convenio con la ONU para fortalecer procesos de identificación, el IDHIE advierte que actualmente existe opacidad en su operación.
Un problema nacional sin cifras claras
A nivel nacional, la situación es aún más preocupante. Según Aranzazú Ayala, podrían existir alrededor de 70,000 personas sin identificar en instalaciones forenses del país, aunque la falta de datos oficiales impide confirmar la cifra.
La especialista señala que el acceso a la información es fundamental: “Los datos son la primera puerta que nos dice hacia dónde ver, a dónde buscar”. Sin registros claros y públicos, las familias enfrentan lo que el informe denomina una “doble desaparición”: la física y la institucional.
A la saturación de los SEMEFO se suman problemas como la falta de personal especializado, el manejo poco transparente de fosas comunes municipales y el alto número de fosas clandestinas en el territorio nacional.
