- Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrará una sesión extraordinaria fuera de su sede, en Tenejapa, Chiapas. El Pleno analizará un amparo promovido por autoridades tsotsiles sobre reconocimiento como sujetos de derecho público, además de asuntos vinculados a patrimonio cultural e identidad indígena.
MÉXICO.- La justicia constitucional saldrá del mármol y los pasillos de la capital para instalarse en territorio indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará este 26 de febrero una sesión extraordinaria en Tenejapa, Chiapas, en lo que constituye un hecho inédito en su historia institucional.
La decisión no es simbólica únicamente, ya que Chiapas concentra la tercera población indígena más grande del país y en su territorio conviven 12 de los 68 pueblos originarios reconocidos en México. Sesionar ahí implica, al menos en términos institucionales, un gesto de proximidad con las comunidades cuyos derechos serán materia de discusión.
El asunto central es el Amparo en Revisión 344/2025, promovido por autoridades tradicionales tsotsiles de la comunidad de La Candelaria, en San Cristóbal de Las Casas. Desde 2022 solicitaron al Congreso de Chiapas su reconocimiento como sujetos de derecho público. Ante la falta de respuesta y de un marco normativo claro que garantice autonomía y autogobierno, acudieron al juicio de amparo.
Aunque en 2024 el Cabildo de San Cristóbal reconoció la estructura de autogobierno comunitario y autorizó la transferencia proporcional de recursos municipales, el problema de fondo —la posible omisión legislativa estatal— permanece. El Pleno deberá determinar si el Congreso local ha incumplido su obligación de legislar para garantizar, de manera estable, los derechos de libre determinación y autonomía previstos en el artículo 2º constitucional y en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Además, la Corte analizará un asunto relacionado con el patrimonio cultural en Hidalgo y otro amparo vinculado con el derecho a la identidad de personas indígenas de la comunidad rarámuri de Tehuerichi, Chihuahua.
La sesión en Tenejapa coloca en el centro una discusión de fondo: si la justicia constitucional puede —y debe— dialogar con el territorio más allá de la formalidad jurídica. No se trata solo de resolver expedientes, sino de definir el alcance real del reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos.
El precedente no es menor, pues si el máximo tribunal determina lineamientos y plazos para que el Congreso de Chiapas legisle, podría abrir una ruta para que otras comunidades en el país reclamen la materialización efectiva de su autonomía.
Sí, la Corte llega al territorio, pero ahora el desafío es que el territorio transforme la manera en que se entiende la justicia.
