- A un año de la conformación de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas y en Resistencia (Renacer), comunidades de la Cuenca del Alto Atoyac denuncian que no hay avances reales para frenar la contaminación industrial, el despojo territorial y la crisis sanitaria. Exigen un plan integral de restauración y el fin de proyectos que profundizan la devastación socioambiental.
PUEBLA.- La Cuenca del Alto Atoyac es hoy un espejo incómodo del modelo de desarrollo que se sigue imponiendo en México, Uu territorio atravesado por ríos contaminados, aire tóxico y suelos enfermos, donde la vida cotidiana se ha vuelto una experiencia de resistencia. Ahí, las comunidades no hablan de riesgo sino de enfermedad, de muerte y de derechos violentados.
Los días 25 y 26 de enero de 2025, en Ocotlán, Tlaxcala, 186 personas provenientes de 18 estados y 65 organizaciones decidieron articularse frente a décadas de industrialización contaminante, impulsada desde una lógica neoliberal, han dejado como herencia regiones enteras convertidas en Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA). De ese encuentro nació la Renacer. Un año después, el diagnóstico es contundente: no hay avances sustantivos.
En la Cuenca del Alto Atoyac —que abarca territorios de Tlaxcala y Puebla— la devastación se ha profundizado ante la omisión de los gobiernos estatales y municipales. Persisten las descargas industriales en agua, aire y suelo, mientras la política pública insiste en atraer más industria, incluso con nuevos proyectos como el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, sin obligar a las empresas a controlar sus emisiones tóxicas.
A la contaminación se suma la crisis de la basura. Los rellenos sanitarios están colapsados, pero en lugar de reducir residuos desde su origen, se promueven esquemas de “economía circular” que en realidad implican la quema de basura para generar energía, una práctica altamente riesgosa para la salud que incrementaría la carga tóxica sobre la cuenca.
La devastación alcanza también a la Matlalcuéyetl. La tala inmoderada, la operación impune de talamontes y la falta de control de plagas como el escarabajo descortezador y el muérdago han debilitado gravemente el ecosistema. A ello se suma la amenaza del proyecto Ecoparque Tlalli, impulsado por el gobierno de Puebla, que pretende intervenir 52 hectáreas sin considerar los impactos ambientales, culturales y comunitarios.
En el poniente del estado, particularmente en Calpulalpan, las comunidades viven bajo un doble acoso: la amenaza de un libramiento privado que implicaría despojo de tierras agrícolas, pérdida de biodiversidad y riesgo para el santuario de luciérnagas; y la violencia cotidiana en la carretera México–Veracruz, donde los accidentes y atropellamientos son parte del paisaje diario.
La presión inmobiliaria completa el cuadro. Fraccionamientos ajenos a las prácticas comunitarias encarecen la vivienda, rompen el tejido social, desplazan a pobladores originarios y agotan recursos como el agua. Todo bajo una visión que impone la idea de “ciudad” como sinónimo de progreso, mientras se construyen megaproyectos —ciudad administrativa, ciudad de la cultura, ciudad de las mujeres— sin consulta, sin consenso y sin respeto al Acuerdo de Escazú.
En paralelo, se intenta desaparecer a los Comités Comunitarios del Agua, pese a que han sido reconocidos como autoridades legítimas bajo usos y costumbres. Las iniciativas legislativas buscan centralizar la gestión, excluyendo a quienes históricamente han cuidado el recurso.
El uso indiscriminado de agrotóxicos agrava la situación: contamina agua, aire, suelos y alimentos; erosiona la tierra; reduce la biodiversidad y enferma a las personas. Para las comunidades, el modelo agroindustrial no sólo produce mercancías, también produce enfermedad.
Desde este territorio, atravesado por una crisis local y global, las organizaciones de la Renacer en Tlaxcala exigen un cambio de rumbo. Demandas claras: poner el bien común al centro, elaborar con las comunidades un plan integral de restauración del Atoyac, obligar a las industrias a tratar sus emisiones desde el origen, cancelar el Ecoparque Tlalli, frenar la quema de basura, proteger a las y los defensores del territorio y apostar por alternativas campesinas y agroecológicas.
En el primer aniversario de la Renacer, el mensaje es directo: no hay justicia social sin justicia ambiental. Y en la Cuenca del Alto Atoyac, la deuda sigue abierta.
