- El Servicio de Administración Tributaria informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego cuenta con cinco días hábiles para cubrir un adeudo superior a 51 mil millones de pesos. El pago voluntario permitiría un ajuste de hasta 39%, conforme al Código Fiscal de la Federación.
MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene esta semana para cubrir un adeudo fiscal que supera los 51 mil millones de pesos, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El plazo corresponde a los cinco días hábiles que establece el Código Fiscal de la Federación, contados a partir de que surtió efectos la notificación formal enviada a las empresas de Grupo Salinas.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que los requerimientos de cobro fueron enviados el 9 de enero y recibidos formalmente el 15 del mismo mes, por lo que el plazo legal comenzó a correr a partir del viernes siguiente.
“El Código Fiscal establece que, a partir de que surte efectos la notificación, se tienen cinco días, que corresponde a esta semana”, precisó el funcionario federal. De no realizarse el pago dentro de ese periodo, dejaría de aplicar el beneficio de ajuste previsto en la ley.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, conforme a la normatividad vigente, si existe intención de pago, el contribuyente puede solicitar un ajuste derivado de las sentencias judiciales, el cual puede alcanzar hasta 39%, dependiendo del esquema y orden de pago. La mandataria expresó su confianza en que el empresario cumpla con la obligación fiscal.
El monto de la deuda fue determinado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los recursos legales promovidos por Salinas Pliego en siete litigios fiscales, confirmando la procedencia del cobro. Según el SAT, las obligaciones se originaron en ejercicios fiscales de 2008 a 2013 y sumaban inicialmente 35 mil 873 millones de pesos, cifra que aumentó por recargos y actualizaciones.
Sheinbaum Pardo rechazó que el proceso constituya una persecución política y subrayó que se trata de resoluciones judiciales firmes. “No hay violación de derechos humanos ni persecución; es un requerimiento del SAT que la Corte ya validó”, afirmó.
