- La presidenta recordó que la administración del reclusorio corresponde al gobierno estatal, aunque confirmó comunicación constante con el Gabinete de Seguridad tras las recientes protestas por presuntas extorsiones.
CIUDAD DE MÉXICO. — El Gobierno federal mantiene abierta la disposición para colaborar en la atención de las denuncias por presuntas extorsiones y cobros ilegales dentro del penal de San Miguel, en Puebla, siempre y cuando exista una petición expresa por parte de la administración estatal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que, al tratarse de un centro penitenciario de jurisdicción local, la Federación no puede asumir el control de manera directa sin la solicitud formal del gobernador Alejandro Armenta Mier. No obstante, precisó que el Gabinete de Seguridad ya mantiene comunicación con las autoridades poblanas para brindar el respaldo necesario.
Sheinbaum citó como antecedente los operativos conjuntos en penales de entidades como Sinaloa, donde fuerzas federales intervienen de forma recurrente para decomisar teléfonos celulares y artículos prohibidos a petición de los gobiernos locales.
El posicionamiento presidencial surge luego de que familiares de internos bloquearan ocho vialidades de la Zona Metropolitana de Puebla para denunciar abusos en el reclusorio. Al respecto, el gobernador Armenta aseguró que en dichas movilizaciones participaron personas armadas y manifestantes presuntamente contratados, al tiempo que anunció una revisión a fondo del Cereso con el respaldo de la Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como el posible traslado de dos internos de alta peligrosidad.
