MÉXICO.- Cada madrugada, antes de que despierte buena parte de Estados Unidos, millones de personas migrantes ya están trabajando. Están en los campos agrícolas, en las obras en construcción, limpiando oficinas, cuidando a niñas, niños y personas mayores. Lo hacen casi siempre sin reflectores, muchas veces sin papeles y, paradójicamente, pagando impuestos a un país que insiste en llamarlos amenaza.
Los datos desmontan el discurso. En 2023, las personas migrantes aportaron 651 mil 900 millones de dólares en impuestos a la economía estadounidense, lo que equivale a casi 20 por ciento de la recaudación total de ese año, de acuerdo con cifras del American Immigration Council. No es una carga: es una base silenciosa que sostiene buena parte del funcionamiento cotidiano del país.
El investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Guillermo Castillo Ramírez, lo dice sin rodeos: las personas migrantes son contribuyentes fiscales y trabajadoras esenciales para Estados Unidos. No es una opinión, es una constatación empírica.
Para 2022, casi 11 millones de personas migrantes indocumentadas representaban alrededor del 5 por ciento de la fuerza laboral, según el Pew Research Center. En sectores estratégicos como la agricultura, entre 40 y 50 por ciento de quienes trabajan la tierra carecen de documentos migratorios, de acuerdo con investigaciones de BBC Mundo. Sin ellos, simplemente, el sistema se detendría.
Y sin embargo, la narrativa política insiste en criminalizarlos.
Castillo Ramírez advierte que esta criminalización no se sostiene en hechos, sino en prejuicios rentables en términos políticos. Estudios del Cato Institute y del Institute for Economic Policy de la Universidad de Stanford demuestran que las personas migrantes cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses. En delitos graves, tienen 30 por ciento menos probabilidades de ser encarceladas que los blancos anglosajones: 613 por cada 100 mil personas, frente a mil 221 entre ciudadanos estadounidenses.
La frontera, además, no está “desbordada”, como insiste el discurso oficial. Datos de la Custom and Border Protection indican que las detenciones disminuyeron más de 10 por ciento en 2023 y 2024. De casi 2.5 millones de detenciones en el año fiscal 2023, se pasó a 2.1 millones en 2024.
Pero la política necesita enemigos, no estadísticas.
En este contexto de hostilidad, la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores pusieron en marcha en febrero de 2025 la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, una herramienta que funciona como tabla de salvación en medio de la incertidumbre. Desde un teléfono celular, cualquier persona puede acceder a una tarjeta bilingüe de derechos, orientación jurídica, apoyo en salud mental y contactos con consulados mexicanos y sedes universitarias en Estados Unidos.
La plataforma no es un gesto simbólico: recibe una visita cada cinco minutos. Hasta septiembre pasado, la mitad de las consultas provenían de Estados Unidos. Ansiedad, depresión, miedo, procesos legales: cuando las condiciones de tránsito y estancia se endurecen, la salud mental se deteriora con rapidez, explica el investigador.
“La desinformación no puede ser una herramienta para producir políticas migratorias xenófobas y racistas”, advierte Castillo Ramírez. Y subraya otro dato incómodo: no todas las personas migrantes son criminalizadas por igual. Las provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Venezuela enfrentan mayores obstáculos y tasas de aceptación de asilo notablemente bajas.
Mientras tanto, siguen trabajando. Siguen pagando impuestos. Siguen sosteniendo una economía que los necesita, pero no los quiere reconocer.
La plataforma puede consultarse en: https://accionmigrante.unam.mx/
