La violencia feminicida en México se ha convertido en un paredón frente al cual las mujeres son colocadas cada día. En Puebla, por ejemplo, una mujer asesinada cada siete días. Y si bien la cifra debería bastar para encender todas las alarmas, la Fiscalía General del Estado parece más interesada en blindar sus números que en garantizar justicia.
El informe “La lucha por la justicia es una lucha por la vida”, elaborado por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla, documenta 244 probables feminicidios entre 2021 y 2025. La cifra contrasta con las 161 carpetas que reconoce la Fiscalía.
La diferencia no es menor, pues son 83 vidas que, para el Estado, parecieran no contar.
Aquí no hablamos de “falsos positivos”, sino de “falsos negativo”, la práctica de no nombrar como feminicidio lo que sí lo es, con tal de maquillar estadísticas.
El costo humano de esta lógica es devastador, pues detrás de cada caso hay familias a las que se les niega la verdad, mujeres cuya memoria queda atrapada en expedientes mal clasificados y comunidades enteras que aprenden, a fuerza de impunidad, que la violencia contra ellas no tiene consecuencias para los agresores.
El Observatorio revela además que seis de cada diez víctimas conocían a su asesino: parejas, exparejas, familiares.
La violencia ocurre en los espacios más cercanos y, sin embargo, las investigaciones suelen carecer de perspectiva de género.
Se trata de crímenes atravesados por la crueldad —mutilaciones, desapariciones previas, exposición de cuerpos en lugares públicos— que expresan una pedagogía de la violencia patriarcal, una advertencia de que salirse del rol impuesto puede costar la vida.
El Estado, con su indolencia, se vuelve cómplice. Porque no basta con contar a las muertas, ni con anunciar protocolos que se quedan en el papel. El verdadero reto es garantizar justicia, prevenir desde la raíz y desmontar la cultura que normaliza la subordinación de las mujeres.
La violencia feminicida es una crisis de derechos humanos y de seguridad pública. No se trata de estadísticas, sino de vidas arrancadas y futuros cancelados. Lo que está en juego no es solo el acceso a la justicia, sino la posibilidad de vivir sin miedo.
¿Hasta cuándo las autoridades seguirán negando que la indiferencia también mata?
