En Puebla, la discusión sobre los derechos reproductivos parece caminar en círculos. Apenas en 2024, el Congreso local aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, un paso histórico para garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Sin embargo, a poco más de un año, una iniciativa presentada por la diputada Nayeli Salvatori, de Morena, reabre la puerta a un debate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de manera contundente en 2021: la objeción de conciencia no puede ser un obstáculo para el acceso a la interrupción legal del embarazo.
El planteamiento de Salvatori parece, en apariencia, conciliador, al reconocer el derecho del personal médico y de enfermería a abstenerse de realizar el procedimiento si este entra en conflicto “directo, auténtico y grave” con sus convicciones. Pero al mismo tiempo coloca sobre los hombros de las mujeres la carga adicional de sortear las convicciones personales del personal de salud para ejercer un derecho que ya había sido reconocido y garantizado.
La paradoja es evidente.
Morena, el mismo partido que impulsó la despenalización, ahora impulsa un candado disfrazado de progresismo.
Lo que se presenta como respeto a la diversidad de creencias termina siendo, en la práctica, una limitación en la política pública de salud que puede traducirse en retrasos, negación o revictimización para mujeres que acuden a los hospitales a interrumpir un embarazo.
El precedente de la SCJN es claro: el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud fue invalidado porque abría la puerta a abusos y permitía que las convicciones personales privaran sobre el derecho constitucional de las mujeres a decidir. Traer de vuelta esta figura en el ámbito local, aun con matices y salvaguardas, implica desconocer esa resolución y debilitar la obligación del Estado de garantizar un servicio médico libre de obstáculos ideológicos.
Las organizaciones feministas advierten que la objeción de conciencia no es un detalle técnico, sino un mecanismo que, en contextos de precariedad sanitaria como el de Puebla, puede convertirse en un muro.
Hoy, de por sí, el acceso al aborto enfrenta carencias: falta de medicamentos, equipos insuficientes, hostilidad del personal y una concentración de servicios en pocas unidades hospitalarias, lo que obliga a muchas mujeres, sobre todo de zonas rurales y pobres, a recorrer grandes distancias para acceder a un procedimiento que debería ser universal y cercano.
En este escenario, la objeción de conciencia institucionaliza el privilegio de quienes, desde su rol de profesionales de la salud, pueden anteponer sus creencias personales a un derecho conquistado por la sociedad y respaldado por la Corte. Y ese privilegio, conviene recordarlo, no es neutro, sino que recae con mayor dureza sobre las mujeres más vulnerables, aquellas que no tienen recursos para trasladarse, pagar servicios privados o esperar trámites burocráticos.
Más que un “progreso con sensibilidad”, la propuesta es un retroceso con rostro amable.
Es, en los hechos, un recordatorio de que ningún derecho ganado está blindado ante las regresiones políticas. Y que en Puebla, como en muchos otros lugares, los derechos sexuales y reproductivos siguen librando la batalla desigual de afirmarse como políticas públicas frente a intentos de reducirlos a concesiones negociables.
