- Parece increíble que tengamos que legislar lo que dicta el sentido común, pero la realidad mexicana obliga a recordarlo en papel y en códigos
El nombre de Cecilia Monzón se volvió símbolo no solo de un feminicidio, sino de la violencia estructural que enfrentan las mujeres en México cuando deciden alzar la voz. Abogada, feminista, defensora de mujeres en situaciones de abuso, Cecilia incomodaba a los poderosos porque hacía lo que el Estado se negaba: acompañar, exigir y litigar con valentía. Por eso la callaron en 2022.
Desde entonces, su familia ha tenido que enfrentar un doble infierno: el del duelo irreparable y el de un sistema de justicia lento, opaco y muchas veces cómplice. La investigación contra Javier López Zavala, expolítico encumbrado (diputado, líder partidista, secretario de Gobernación y candidato a gobernador), reveló las capas de impunidad que protegen a quienes creen que la vida de una mujer vale menos que su poder. Hubo dilaciones, omisiones y pactos de silencio que parecían menospreciar no solo el trabajo de Cecilia, sino también su vida misma.
Frente a esa sordera institucional, su hermana Helena transformó la rabia en motor de cambio. Desde el dolor ha encabezado una lucha que hoy cristaliza en la llamada Ley Monzón, presentada ya en el Congreso federal. La iniciativa plantea lo obvio —pero que hasta ahora no existía—: que ningún hijo o hija de una víctima de feminicidio quede bajo la patria potestad del feminicida.
Parece increíble que tengamos que legislar lo que dicta el sentido común, pero la realidad mexicana obliga a recordarlo en papel y en códigos.
No se trata solo de un cambio legal. Es la consolidación de una exigencia histórica: proteger a las infancias, reconocer el interés superior de la niñez y dejar de legitimar, desde los tribunales, el poder de los agresores. La Ley Monzón también sanciona la omisión de los funcionarios que, con su negligencia o complicidad, perpetúan la violencia.
Una bofetada a esa maquinaria burocrática que tantas veces convierte el dolor en trámite.
Que esta ley avance a nivel nacional es motivo de celebración. No borra la pérdida de Cecilia, pero transforma su ausencia en justicia colectiva. Es también un recordatorio de que la memoria puede ser una herramienta para abrir camino, una bandera que obligue al Estado a cambiar.
El pacto de impunidad que permitió el asesinato de Cecilia Monzón sigue vigente. La Ley Monzón no lo desmantela del todo, pero lo confronta, y lo hace desde el lugar más poderoso: la dignidad de las víctimas que se niegan a ser silenciadas.
