PUEBLA, MÉXICO.- La crisis del agua en Puebla se ha convertido en una pesada carga para miles de hogares. Después de once años de concesión privada, el acceso a un derecho humano básico quedó supeditado a recibos impagables, drenajes colapsados y una escasez que obliga a las familias más pobres a elegir entre comer o pagar agua en pipas.
Las lluvias ya no son sinónimo de alivio, sino de angustia. La falta de mantenimiento en el drenaje y el alcantarillado provoca inundaciones que duran más de cinco días, dejando calles intransitables, viviendas afectadas y familias que pierden sus pertenencias bajo aguas contaminadas. La ciudad se paraliza mientras la empresa concesionaria sigue recaudando.
Desde 2021, las familias poblanas han denunciado aumentos de hasta 200% en los recibos. Hoy, un hogar puede destinar hasta una quinta parte de su ingreso únicamente a pagar agua, muchas veces turbia o insuficiente. Investigadores de la BUAP calculan que un usuario gasta en promedio más de 8 mil pesos al año en un servicio que nunca llega en condiciones dignas.
Escasez que multiplica desigualdades
Más de 721 mil personas viven con la escasez diaria. Para ellas, la única opción son las pipas, cuyo costo supera lo que una familia trabajadora puede cubrir sin sacrificar otros gastos básicos. El agua se ha convertido en un lujo que profundiza las brechas sociales y condena a los más pobres a una vida de precariedad y vulnerabilidad.
La situación también se refleja en la salud. El río Atoyac, contaminado en gran parte por descargas sin tratamiento de la concesionaria, se ha convertido en un foco de enfermedades gastrointestinales, cutáneas e incluso cáncer. En Puebla, la falta de agua potable no solo es un problema de servicio: es una amenaza a la vida.
Once años bastaron para que el agua en Puebla dejara de ser un servicio público y se transformara en una mercancía. El resultado es una población endeudada, enferma y sin acceso a lo más elemental: abrir la llave y encontrar agua.
