PUEBLA, MÉXICO.- El hecho de que en las últimas semanas diputados locales hayan acusado a pobladores de Soltepec de supuestos vínculos con redes de robo de combustible, significaría la antesala de una persecución penal en su contra por oponerse a la creación del organismo público descentralizado Ciudad Modelo.
Lo anterior lo comentó el abogado Lucío Ramírez Luna, quien asesoró al alcalde de Soltepec y al de Mazapiltepec para la presentación de las controversias constitucionales en contra de la creación de dicho órgano.
Asimismo dijo que más allá de la respuesta jurídica que pudieran emprender el gobierno y el Congreso del estado —autoridades señaladas en el proceso jurídico— ya se ha tomado una respuesta política, la cual sigue las estrategias que se implementaron principalmente durante el sexenio de Rafael Moreno Valle por medio del descrédito y calumnia hacia quienes podrían tener una postura en contra.
Recordó que hace una semana el diputado priista Leobardo Soto señaló que los pobladores de Soltepec forman parte de los grupos de “huachicoleros” en la zona de Audi, situación que fue descartada tanto por el abogado como por los ciudadanos, quienes afirmaron no tener vínculos ni delictivos ni políticos.
“Qué ordinario y corriente es este gobierno desde el sexenio anterior, obviamente jurídicamente voy a preparar la defensa jurídica y a estar pendiente por las declaraciones irresponsables de estos diputados”, puntualizó el abogado al lamentar que se quiera desvirtuar una lucha legal con este tipo de señalamientos.
Incluso, dijo que se corre el riesgo de que se inventen cargos en contra del alcalde Andrés Galicia, así como de los pobladores que respaldaron la controversia constitucional sólo como una forma de reprimir las voces críticas.
“La forma como responde el gobierno es creando delitos, vamos a defendernos con todo, ojalá no se les ocurra hacer las mismas artimañas o porquerías para frenar o desacreditar un movimiento que es justo”, insistió.
En cuanto al aspecto jurídico refirió que el gobierno del estado, el Congreso y hasta el OPD Ciudad Modelo presentaron recursos de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la suspensión que se otorgó a los municipios para que el organismo gubernamental no pueda operar en éstos en tanto se resuelven los procesos jurídicos.
