Fotografía: Especial

Funcionario de Oaxaca es despedido tras presumir consumo de huevos de tortuga marina, especie en peligro de extinción

En NACIONAL Redacción Leviatán
  • El consumo de productos derivados de tortugas marinas es un delito federal en México, con penas de hasta 9 años de prisión.

OAXACA.— El Gobierno del estado de Oaxaca destituyó a Agustín Elías Ramírez, quien se desempeñaba como director de Cambio Climático en la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad (Semabieso), luego de que se viralizara una fotografía publicada por él mismo en redes sociales donde presumía el presunto consumo de huevos de tortuga marina, especie protegida por la ley.

La imagen, difundida a finales de junio, muestra un plato con al menos 13 huevos cocidos, acompañado por mezcal y cerveza, lo que generó una fuerte indignación social, especialmente debido a su cargo como funcionario ambiental.

A través de un comunicado, la Semabieso confirmó la destitución inmediata de Elías Ramírez con el objetivo de esclarecer completamente la denuncia pública. La dependencia estatal enfatizó que no tolerará conductas que atenten contra la biodiversidad y reafirmó su compromiso con la protección de especies en peligro de extinción.

“La Secretaría tiene un código de ética que debe ser cumplido a cabalidad por todas y todos los que la integran”, se lee en el comunicado.

Delito ambiental grave en México

El consumo, comercio o posesión de productos derivados de tortugas marinas —incluidos sus huevos— constituye un delito federal grave, según el artículo 420 del Código Penal Federal. Las penas pueden ir de uno a nueve años de prisión, además de multas que superan los 830 mil pesos.

La especie de los huevos mostrados en la fotografía podría corresponder a la tortuga golfina, una de las especies más comunes en las costas mexicanas, incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en riesgo.

Hasta el momento, Agustín Elías Ramírez no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente, y tampoco se ha confirmado si existe una denuncia penal en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) podría ser la instancia encargada de investigar estos hechos como delito ambiental.

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