PUEBLA, MÉXICO.- El estado mexicano está obligado a realizar consultas a los pueblos y comunidades indígenas respecto del proyecto del Tren Maya, pues son quienes van a sufrir en primera línea la repercusión de su construcción, sentenció la académica Gabriela Moreno Valle Bautista al participar en el XXX Congreso de Derecho Questionare: el Derecho de una Sociedad Informada.
En la conferencia virtual “Tren maya: impacto ambiental y social”, organizada este martes por la Universidad de las Américas Puebla, Valle Bautista habló de los beneficios y desventajas del tren maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con énfasis en sus objetivos legales, económicos y sociales.
Este nuevo servicio de transporte férreo, que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, dijo que sin duda va a ver ventajas en el ámbito económico, pero cuestionó a qué precio ecológico.
En ese sentido, Luis Fueyo Mac Donald enfatizó que dicho proyecto va a destruir ecosistemas frágiles que existen en la península de Yucatán en buen estado de conservación, los cuales tienen una riqueza biológica importante en donde hay más de 36 áreas naturales protegidas entre áreas de carácter federal, estatal y municipal.
Explicó que si bien se espera que haya beneficios económicos, no hay elementos que permitan tener certeza de que las comunidades rurales e indígenas van a ser beneficiadas por el proyecto.
“Que habrá beneficiarios económicos es sin duda, pues ya estamos viendo que las empresas constructoras, incluido el ejército, están ganando dinero de nuestros impuestos; pero la hipótesis de que el tren maya va a ser el detonador del desarrollador del sur sureste y que va a resolver problemas ancestrales de desigualdad y miseria, lo dudo”, expresó Luis Fueyo.
En su carácter de abogada e indígena, Yuteita Hoyos Ramos resaltó que la construcción del tren maya tiene “falsan ventajas”, ejemplo de ello el desplazamiento forzado o los trabajos que se van a generar, que, aunque mal pagados y sin prestaciones sociales, son un ingreso y “para muchas personas es más importante tener un ingreso que estudiar los derechos humanos”.
“No podría decir que existen sólo desventajas, pero podría decir que estas ventajas son falsan ventajas”.
La mayor desventaja, agregó, está en la concepción del desarrollo, pues cuando se habla desventajas es porque va a acarrear un gran ingreso económico a la zona, sin embargo, cabría cuestionarse si realmente eso es una ventaja y si el dinero soluciona los problemas sociales de una región.
“Un proyecto que sólo va a traer derrama económica sin un enfoque no es una ventaja, sobre todo porque se parte de la concepción del desarrollo del estado, no desde la concepción de los pueblos”, afirmó Yuteita Hoyos.
