PUEBLA, MÉXICO.- Desde el pasado 29 de marzo se presentó en el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para la creación de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la cual implicaría la creación de un Mecanismo similar al que existe a nivel nacional; sin embargo ésta fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su discusión sin que refleje algún avance.
Ante esto, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quezada Tiempo, afirmó que dado el contexto que se vive en la actualidad a nivel nacional, buscará la forma de impulsar para que dicha propuesta -que fue elaborada por el diputado independiente Julián Peña Hidalgo-, salga adelante.
Esto, dijo, pues si bien en Puebla los homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos no son tan numerosos como en otros estados, se está a tiempo de prevenir llegar a escenarios como en los estados del norte.
“Recordarás que en el mes de diciembre yo puse un punto de acuerdo en el cual exhortaba que tuviésemos un diálogo porque una de las redes de periodistas me hicieron llegar una carta, subí ese punto de acuerdo pero también se quedó en el sueño de los justos”, lamentó la diputada.
Sin embargo, afirmó que más allá de las leyes que se aprueben para la protección de los periodistas, lo más importante es que haya solidaridad en el gremio de Puebla, al cual, dijo, ve fragmentado.
“Veo con mucha tristeza las denostaciones que se dan entre compañeros de los medios, haría un llamado para que hubiera solidaridad entre ustedes porque lo más importante es informar desde su espacio” invitó la también dirigente estatal del PRD, pues esta división es lo que permite que los grupos en el poder abusen y repriman a los reporteros, ya que ven que en el gremio no hay una bandera para protegerse unos a los otros.
“Es respetable el trabajo de cada uno y ustedes son los generadores de la opinión pública en el estado” insistió la diputada al subrayar que los periodistas deben evitar caer en los juegos de poder y generar mejor relaciones de solidaridad para protegerse “más allá de una ley”.
Además destacó que una de las instituciones que se ha mantenido omisa en torno a esta problemática es la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, la cual hasta el momento no ha emitido posturas en relación a la situación de los reporteros en Puebla ni la violencia que se ha vivido en los últimos meses con el robo de combustible.
El Mecanismo
La iniciativa que presentó Peña Hidalgo a finales de marzo es similar a la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a nivel nacional, pero centrándola a un contexto local con lo cual, explicó en su momento el legislador, se busca que el apoyo a las personas que se vean amenazadas se dé más efectivamente.
Entre los puntos que se incluyen en la ley está la definición de agresión como “el daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”; ésta no solo se considera cuando es en contra del propio periodista o activista, sino que también abre la protección o la evaluación de riesgo cuando se dé en contra de su cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización, o movimiento social o en sus bienes personales o de la organización en la que labora.
También se establecen los procedimiento de cómo solicitar el apoyo al mecanismo, así como las medidas de protección de carácter urgente, normales o preventivas, según sea el caso, así como las evaluaciones de riesgo que se tienen que realizar dependiendo de la solicitud que se presente.
El mecanismo, una vez que se apruebe la ley, estará encabezado por una Junta de Gobierno, la cual estará integranda por un representante de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad pública, del Poder Judicial, del Congreso y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, respectivamente, y cuatro miembros del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros; este organismo rector tomará determinaciones que serán obligatorias para todas las autoridades del estado, y definirá la aplicación de las medidas de protección, y tendrá que rendir informes anuales.
Postura institucional
Pese al retraso que tiene este tema, a raíz de las posturas manifestadas a nivel nacional por el presidente Enrique Peña Nieto, y a nivel local por el gobernador José Antonio Gali Fayad en el marco de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, emitió un comunicado en el cual afirma tener un compromiso con la defensa de la libertad de expresión.
En el breve boletín, el diputado de Acción Nacional afirma que “a nombre del Congreso nos solidarizamos con el gremio periodístico local y nacional”, por lo que la labor periodística tiene que defenderse “desde todos los frentes”.
Además manifiesta que se respaldan las acciones anunciadas por Gali Fayad y que “el Congreso pondrá la parte que le corresponde para colaborar con el Ejecutivo, para dar seguimiento a las labores emprendidas por el gobierno estatal para asegurar y generar un entorno de seguridad a la labor periodística”.
