MÉXICO.- El robo y venta ilegal de gas LP, conocido como “huachigas”, ha registrado un preocupante aumento en el centro del país, incluyendo el estado de Puebla, alertó la presidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
De acuerdo con la representante de más de mil plantas de distribución de gas en México, el problema se ha intensificado en los últimos meses en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. “Hemos observado un incremento preocupante de estos grupos que clonan marcas de distribuidores formales o que simplemente operan sin permiso ni regulaciones”, advirtió.
El huachigas se distribuye ilegalmente a través de autotanques no registrados ante la Comisión Reguladora de Energía, en estaciones de carburación y expendios clandestinos, e incluso en algunas plantas de distribución que participan en la red delictiva.
Según estimaciones, los grupos criminales hurtan y comercializan aproximadamente 50 mil toneladas de gas LP al mes, equivalente al 7% de la demanda nacional. Esto representa dos millones y medio de tanques de 20 kilos distribuidos mensualmente en todo el país, generando pérdidas de hasta 20 mil millones de pesos anuales. “Ese gas se lo roban a Pemex, lo que afecta directamente las arcas públicas y es un problema de seguridad y economía nacional”, enfatizó la representante de Amexgas.
El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal informó que Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Estado de México se encuentran entre los estados con mayor número de tomas clandestinas para el robo de gas LP.
- Puebla lidera la lista con 426 perforaciones ilegales detectadas, lo que equivale a una toma clandestina cada 20 horas.
- Veracruz registró 245 tomas clandestinas, con un promedio de una al día.
- Tlaxcala contabilizó 127 tomas clandestinas, lo que implica una cada tres días.
- Estado de México identificó 94 perforaciones ilegales, sumándose a la problemática nacional.
EL APUNTE
El robo de gas LP no solo afecta las finanzas del país, sino que también representa un grave riesgo para la seguridad de las comunidades, debido al almacenamiento y distribución irregular del combustible.
