El 6 de julio el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa, anunció, en una ceremonia, el “Plan para el despliegue de cargadores de vehículos eléctricos en el estado de Puebla”. Rodeado de varios funcionarios, presidentes municipales y hasta de la rectora de la BUAP, Ermilo Barrera, director de Agencia de Energía del Estado de Puebla, mencionó el plan que, según él, revolucionará la electromovilidad. En una primera etapa, se colocarán 43 cargadores de vehículos eléctricos en 17 municipios. Estarán, según el funcionario, cerca de museos, Pueblos Mágicos y otros lugares “cercanos a la gente”.
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— Agencia de Energía del Estado de Puebla (@EnergiaPuebla) July 6, 2022
En ningún momento se habló de las ventajas de la electromovilidad para el transporte público y sólo hubo continuas menciones a las inversiones, a las cadenas de valor, a la innovación y otros sinónimos sacados del argot empresarial. La “movilidad” estuvo ausente en todos los discursos y en los planes proyectados. Ahora bien, si no les importa la movilidad podríamos ir al tema de la sustentabilidad. ¿Es sustentable un vehículo eléctrico? Según la International Copper Association (ICA), los autos eléctricos requieren entre 40 y 83 kilos de cobre, mientras que un motor de combustión interna necesita un promedio de 23 kilos. La energía que se utiliza para producir un auto viene de fuentes no renovables. Las llantas de un auto y las tierras raras para fabricar sus componentes como el neodimio y el disprosio tampoco son renovables. De hecho, además de escasas, son cada vez más costosas, producen desechos tóxicos y son complejas de extraer. John Lawler, responsable financiero de Ford Motor Company, dijo recientemente que el alza en las materias primas ha hecho poco rentable el negocio de los autos eléctricos. Por esta razón, entre otras muchas otras, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ha informado que la tasa mundial de coches eléctricos en 2050 será de solo un tercio, en el mejor de los casos. ¿Conocerá esta información el flamante director de la Agencia de Energía del Estado de Puebla?
¿Cuál será el futuro de estos 43 flamantes cargadores para vehículos eléctricos? Quizás sirvan para turistas que lleguen a nuestro estado y que renten –a un precio muy alto– un auto eléctrico. Servirán, también, para los escasos usuarios de autos de lujo que puedan permitirse el alto costo de sus unidades. Si, por un milagro tecnológico, se lograra aumentar la venta de autos eléctricos gracias a un costo más accesible, no se resolverían el problema de movilidad en Puebla (ni en ningún país del mundo) porque estaríamos sustituyendo el tráfico de autos a combustión por tráfico correspondiente a autos eléctricos. Eso sí, en este futuro improbable, la gente manejaría sus autos con la conciencia limpia y preguntándose por qué siguen los embotellamientos, la crisis climática y la contaminación. Como este escenario nunca llegará, los cargadores quedarán como ruinas del solucionismo tecnológico y una muestra de que los líderes políticos compraron utopías en lugar de planear las ciudades con base en la realidad. Mientras tanto, el transporte público, factor importante para la movilidad de millones de personas, sobre todo la perteneciente a los estratos populares, seguirá con una inversión insuficiente y lejos de las promesas utópicas de nuestros gobernantes más preocupados por las empresas que por la ciudadanía.
Hay un asunto, en particular, que molesta sobre los 43 cargadores para vehículos eléctricos: el sometimiento del gobierno a los intereses privados. Se están dedicando recursos públicos, tiempo y burocracia a un tema que, ni siquiera, prosperará según sus expectativas y será, muy pronto, un elefante blanco. Si es cuestionable la excención de impuestos y los salarios insuficientes para industrias que, al menos, están funcionando en el contexto actual, es aún más problemático poner en bandeja de plata el dinero de los contribuyentes a una fantasía que es cuestionada por los expertos y que, aun así, es vendida por los negociantes de los corporativos como el “futuro”. Recuerdo que, en los primeros meses de esta administración, el gobernador daba claras muestras de no entender o no querer entender la movilidad como un asunto de bienestar público. Por ejemplo: cuando se implementó un programa piloto en el transporte RUTA (Red Urbana de Transporte Articulado) para que hubiera corridas en un horario extendido nocturno, Barbosa refirió que muy probablemente se cancelaría la propuesta “porque no era negocio”, a pesar de que esto serviría a los trabajadores que salen muy tarde de sus empleos y que tienen que pagar taxi para llegar a sus hogares. Posteriormente, en la peor parte de la pandemia, redujo el horario de servicio de RUTA a pesar de que mucha gente, por necesidad, tenía que estar fuera de casa. Parecería que, en el imaginario del gobierno, todos tienen auto y, peor aún, que el transporte público debe manejarse como cualquier negocio, es decir, que un derecho de los ciudadanos esté mediado por la oferta y la demanda, además de los intereses empresariales. Esto, en absoluto, es aceptable en cualquier plan de gobierno que se asuma de izquierda.
