PUEBLA, MÉXICO.- A raíz de las protestas en Europa en los últimos días, en las que se enfrentan grupos cada vez más numerosos de ciudadanos que rechazan las medidas restrictivas que han tomado varios gobiernos ante el aumento acelerado de casos de Covid-19 en varios países y la policía, ha cobrado fuerza el debate entre la obligatoriedad de la vacuna y políticas más flexibles al respecto.
En su libro Vacunas: Verdades, mentiras y controversia, Peter Gøtzsche, biólogo profesor de la Universidad de Copenhague, menciona que el ASSET, un panel de investigación de la Unión Europea, recomendó –a inicios de la década pasada– que la vacunación obligatoria puede resolver un problema a corto plazo, pero no es una solución a largo plazo. Los expertos recomendaron, en lugar de políticas punitivas, “una reorganización de los sistemas sanitarios y el uso de estrategias de comunicación sólidas”. Concluyeron que las vacunas obligatorias no fortalecen la confianza en éstas, sino a los que dudan o se oponen abiertamente a ellas.
Hace unos días el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, anunció que está en marcha un decreto para prohibir el acceso a personas no vacunadas a lugares públicos, restaurantes y otros comercios.
Llama la atención esta medida, pues en México y en el estado los contagios han ido a la baja. Por supuesto, siempre existe la amenaza de una nueva ola y, también, nuevas variantes que pongan en jaque el sistema de salud. Sin embargo, el decreto que, por cierto, aún carece de detalles precisos quizás por la complejidad de llevarlo a cabo, es una política que estigmatiza a un sector de la población ya crea una narrativa en la que hay un solo culpable: las personas que no se han vacunado ya sea por desconfianza en la vacuna –una cantidad muy reducida según informes del mismo gobierno– o porque no han tenido oportunidad de recibirla.
Sin estar todavía en emergencia, el gobierno estatal fabrica un enemigo imaginario y le carga toda la responsabilidad por los contagios futuros, sin importar que la pandemia obedezca a factores múltiples y que para romper la transmisión del virus –según la OMS– sea importante la distancia social y los cubrebocas, entre otras precauciones.
Algo alarmante es que la gran mayoría de los medios de comunicación respalde la iniciativa del gobernador. Muchos empresarios también han dado su respaldo y sólo algunas universidades han cuestionado, tímidamente, la medida.
En conversaciones he escuchado el beneplácito acompañado de invectivas contra los “no vacunados o los que no quieren vacunarse” como si estos fueran una plaga que hay que exterminar ahora que podemos. En tiempos de crisis, los ciudadanos son más susceptibles a aprobar políticas autoritarias. La historia está llena de ejemplos.
Si el gobierno –con el visto bueno de las cámaras empresariales del estado– ha dicho que, por ningún motivo, se volverá a un confinamiento como en los momentos más duros de la pandemia, parecería que se están curando en salud buscando chivos expiatorios que carguen las culpas de un sistema de salud aún precario y políticas económicas que privilegian la ganancia privada y dejan a un lado el interés público. Estas políticas, precisamente, han demostrado ser combustible para la pandemia. En lugar de fomentar medidas punitivas se debería intentar lo contrario: consolidar un modelo social cuyo centro sea la solidaridad y no la sospecha del otro.
