PUEBLA, MÉXICO.- La creación de un “tribunal de los pueblos”, es la propuesta que lanzó el Comité promotor de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, mismo que serviría para juzgar crímenes “que comprometan el futuro y presente del país”.
Tras la consulta popular de este domingo en el que la mayoría de los mexicanos que votaron dieron un “sí” para iniciar un juicio a los expresidentes, los activistas Epigmenio Ibarra, Alina Duarte, Ariadna Bahena y Omar García –miembros del Comité Nacional Promovente–, señalaron que el hecho es “un parteaguas para la democracia mexicana y un importante precedente para la participación política” del país.
En conferencia de prensa virtual, Ariadna Bahena indicó que para dar continuidad a la propuesta, esclarecer los hechos, garantizar la no repetición de los crímenes, garantizar el derecho a la verdad y la memoria de las víctimas, es necesaria la creación de un tribunal que ayude a la concreción de la justicia ordinaria.
Esto se daría a través del llamado “tribunal de los pueblos”, el cual “figuras de reconocido carácter ético” juzguen a la luz de los derechos internacional, derechos humanos y derecho mexicano, aquellos crímenes contra la economía popular, crímenes de lesa humanidad, violaciones de derecho a la información, contra la economía, así como aquellos perpetrados contra el medio ambiente.
“Nuestra propuesta basada en los derechos humanos de las víctimas y las de los familiares, establecimiento de comisiones de verdad, es la creación de un Tribunal de los pueblos, en el que figuras de reconocido carácter ético (…) puedan juzgar crímenes que comprometen el presente y el futuro de México”.
Dicho “Tribunal de los Pueblos”, para juzgar los crímenes del pasado, estaría integrado por víctimas, familiares, intelectuales, académicos y organizaciones solidarias con la causa, operaría de forma similar al Tribunal Russell-Sartre, establecido en 1967 por los filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre para investigar y evaluar la intervención de Estados Unidos en Vietnam.
Señalaron que el próximo 8 de agosto anunciarán el “plan de acción” desde el Zócalo de la Ciudad de México.
Del mismo modo, denunciaron los actos discriminatorios en los que incurrió el INE en el marco de la consulta popular de este primero de agosto y por lo que miles de personas no pudieron ejercer su derecho.
Entre ellos el cambio de última hora de las sedes para la votación, por lo que solo la población con acceso a internet pudo conocer la ubicación de sus casillas, la inexistencia de casillas especiales, la no integración de los votos de mexicanos radicados en el extranjero, y la limitación de la acreditación de al menos 56 mil mexicanos que intentaron ser observadores.
